miércoles, 23 de noviembre de 2016

Báñez anuncia de tapado un recorte del 40% en las pensiones

La llamada a la tranquilidad de la ministra
de Trabajo resulta tramposa por cuanto nos oculta el negro panorama 
que verdaderamente les aguarda a la mayoría de pensionistas

Foto:  La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. (EFE)
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. (EFE)
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La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, compareció ayer ante el Pacto de Toledopara trasladar un mensaje muy básico: las pensiones públicas no están en peligro. Según nos recordó la política del PP, la Comisión Europea estima que el gasto público en pensiones alcanzará un máximo del 12,5% del PIB en el año 2045, pasando a decrecer a partir de entonces hasta ubicarse en el 11% del PIB en el año 2060. Teniendo en cuenta que el gasto actual ronda el 12% del PIB, ¿a qué viene tanto catastrofismo sobre la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones públicas españolas? Incluso hay países como Alemania que lo tienen más complicado que nosotros, pues se estima que sus desembolsos provisionales serán del 12,7% en 2060.
De ser así las cosas, no parecería haber demasiadas razones para la preocupación: apenas con impulsar algunos parches que reconduzcan el déficit actual —por ejemplo, los que propuso en esa misma alocución la propia Báñez, consistentes en financiar las bonificaciones a la contratación con cargo al Presupuesto y no a laSeguridad Social— sería suficiente como para apuntalar las pensiones públicas. Sin embargo, la llamada a la tranquilidad de la ministra de Trabajo resulta tramposa, por cuanto nos oculta el negro panorama que verdaderamente les aguarda a la mayoría de pensionistas.


Primero, la estimación de la Comisión Europea se basa en unas previsiones extremadamente optimistas para nuestra economía. En particular, presupone que la tasa de empleo (el porcentaje de población entre 15 y 64 años con trabajo) se ubicará por encima del 73% a partir del año 2040. Baste decir que la mayor tasa de empleo que hemos alcanzado en los últimos 20 años ha sido del 66,2%, y la logramos en el pico de la burbuja inmobiliaria. Cuando menos, no puede calificarse de prudente que el informe presuponga un nivel de ocupación estratosférico para los estándares españoles con el único propósito de lograr que las cuentas cuadren.
Segundo, y mucho más importante, el documento de la Comisión Europeapresupone un importantísimo deterioro de las condiciones de acceso a la jubilación de los ciudadanos españoles. En particular, la Comisión prevé un hundimiento de la tasa de reemplazo de las pensiones públicas desde el actual 79% hasta el 48,6% en el año 2060. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Pues simplemente el porcentaje del último sueldo que cobramos en forma de pensión. Por tanto, mientras que en la actualidad el pensionista medio cobra casi el 80% del último salario que percibía antes de jubilarse, en el año 2060 apenas ingresará el 48%: en términos relativos, pues, el informe de la Comisión Europea al que nos remite la ministra de Trabajo para demostrarnos la viabilidad de la Seguridad Social española augura un hundimiento de las pensiones del 40%. Solo con ese gigantesco recorte, de hecho, las pensiones públicas terminan siendo viables.
Es verdad que un 48% del sueldo medio de 2060 puede ser —y es esperable que sea— un ingreso mayor que un 79% de sueldo medio actual. Pero ese no es el quid de la cuestión: si quienes se conviertan en pensionistas dentro de 20 o 30 años desean mantener aproximadamente su nivel de vida tras jubilarse, necesitarán complementar su relativamente exigua pensión pública con un abundante volumen de ahorro personal. Si no lo hacen —porque todos los políticos los manipulan pidiéndoles que confíen en la sostenibilidad del sistema de pensiones—, llegarán a los 67 años sin ahorros y con prestaciones mucho más bajas que las actuales en relación con su último salario. Nada de esto es ciencia ficción alarmista: estamos únicamente remitiéndonos a las propias previsiones que ayer blandió el Gobierno para sacar pecho acerca de la fortaleza de nuestro sistema de pensiones… previsiones en las que se recoge un tijeretazo del 40% a lo largo de los próximos años.
¿Por qué todos se escudan en el sacrosanto Pacto de Toledo para mentirnos acerca de las implicaciones del fraudulento sistema en el que estamos inmersos?
Pero si esto es así y los propios políticos que llaman a la tranquilidad saben que es así, ¿por qué nadie habla de ello? ¿Por qué todos se escudan en el sacrosanto Pacto de Toledo para mentirnos acerca de las auténticas implicaciones del fraudulento sistema en el que estamos inmersos? Pues, en esencia, porque todas las formaciones políticas aspiran a mantener el control de la Seguridad Social, es decir, de nuestras pensiones. Ninguna de ellas quiere ciudadanos autónomos cuya jubilación dependa de su ahorro propio, sino personas dependientes de las transferencias de las administraciones públicas que los gobernantes puedan utilizar como moneda de cambio electoral. Por eso ningún político desea revelarnos la verdad, a pesar de que todos ellos la conocen: la Seguridad Social seguirá castigando con enormes recortes a los ciudadanos españoles durante las próximas décadas y los políticos nos seguirán mintiendo desde el Pacto de Toledo. Al cabo, ni Báñez ni Rajoy estarán en activo por aquel entonces para que podamos reprocharles sus mentiras actuales: gracias a ese extremo cortoplacismo, continúan medrando.

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