miércoles, 30 de noviembre de 2016

Colombia: Paramilitares ofrecen dinero a quien asesine a líderes sociales


Por Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc

http://kaosenlared.net/colombia-paramilitares-ofrecen-dinero-a-quien-asesine-a-lideres-sociales/
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc, reune a 50 procesos organizativos campesinos que construyen ZRC en Colombia Anzorc rechaza las amenazas de las que han sido víctimas varios líderes sociales del Magdalena Medio, entre ellos Miguel Cifuentes, destacado dirigente agrario, comprometido con las luchas campesinas y la defensa del territorio, integrante […]

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc, reune a 50 procesos organizativos campesinos que construyen ZRC en Colombia
Anzorc rechaza las amenazas de las que han sido víctimas varios líderes sociales del Magdalena Medio, entre ellos Miguel Cifuentes, destacado dirigente agrario, comprometido con las luchas campesinas y la defensa del territorio, integrante de la Comisión Política de Anzorc, directivo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra -ACVC- y miembro del Consejo Patriótico Nacional de Marcha Patriótica.
El pasado 26 de noviembre dejaron en la puerta de la casa de Miguel Cifuentes un panfleto firmado por los paramilitares “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. En dicho impreso afirmaban que patrullarán los barrios de la ciudad para garantizar la seguridad y que realizarán actos de “limpieza social” declarando objetivo militar a “comunistas, mariguaneros, ladrones y políticos corruptos”, enunciando un listado que según ellos corresponde a “infiltrados en las organizaciones de la ciudad” entre los que incluyen a Miguel Cifuentes, Melkin Castrillón, Eladio Morales, Iván Madero y Lilia Peña a quienes señalan de supuestamente tener vínculos con las Farc-EP y responsabilizándolos de todo tipo de delitos.
El panfleto concluye con el ofrecimiento de dos millones de pesos a quien logre acabar con la vida de estos líderes y con la afirmación “les vamos a dar donde más les duela”, extendiendo la amenaza a sus familias.
Son preocupantes las amenazas porque estos grupos de ultraderecha no se limitan a amenazar, en las últimas semanas han perpetrado los asesinatos de William Castillo de Aheramigua, Cecilia Coicué, José Antonio Velasco y Jhon Jairo Rodríguez Torres de Astrazonac, Erley Monroy y Didier Losada de Ascal-G y Fraidan Cortés de Astracava; además de los atentados contra Danilo Bolaños de Astracan y Hugo Cuellar de Ascal-G; todos dirigentes comprometidos con la defensa de la tierra y los derechos para las comunidades campesinas del país.
Además es necesario recordar la violencia que han padecidos los habitantes de Barrancabermeja, una ciudad con fuerte presencia de grupos paramilitares quienes han consolidado su control en la región a través de masacres, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados. En esta región del Magdalena Medio la ACVC RAN ha vivido la zozobra de la constante persecución, señalamientos y amenazas por parte de grupos paramilitares y de las Fuerzas Militares del Estado. Durante 20 años esta organización ha trabajado por resistir en el territorio y por la defensa de los derechos humanos del campesinado en una zona históricamente golpeada por el conflicto social y armado, motivo por el que se ha señalado a la asociación de ser un aparato político, colaborador de las Farc–EP.
Estos señalamientos han sido una constante por parte de reconocidos políticos, los cuales sin prueba alguna acusan a las organizaciones sociales y a quienes las lideran de tener vínculos cercanos con grupos armados ilegales, poniendo en riesgo la vida de sus integrantes. El caso más reciente es el de Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, quien en repetidas ocasiones ha acusado a la Asociación Campesina Ambiental Losada – Guayabero (en luto por la muerte de dos de sus asociados) de ser “afín” a las FARC. Afirmaciones que llevaron a la Fiscalía a citarlo para que responda por difundir información falsa sobre líderes sociales del municipio.
Es necesario que el Gobierno Nacional implemente de manera inmediata el Acuerdo de paz en lo referente a las garantías de seguridad y a lucha contra organizaciones sucesoras del paramilitarismo, no solamente como garantía efectiva de su voluntad de paz, sino también en cumplimiento de su obligación en materia internacional frente a la toma de medidas por parte del Estado contra las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Debe además investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia y persecución que se están presentando a lo largo y ancho del territorio nacional contra las organizaciones de la sociedad civil.
Se solicita asimismo al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades que investigue estas amenazas en Barrancabermeja, así como los ataques a la vida y a la integridad de otros líderes en todo el país por constituir una amenaza contra el proceso de paz.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada