martes, 22 de noviembre de 2016

Comunidad Valenciana. Un juez investiga si hospitales privatizados cobraron comisiones por prótesis pagadas con dinero público

La práctica se habría realizado desde la central de compras B2B Salud, del mismo grupo que Ribera Salud, empresa que gestiona los hospitales valencianos de Alzira, Elche y Torrevieja
Hospital de La Ribera de Alzira (Valencia), primer caso de sanidad público-privada de España
Hospital de La Ribera en Alzira (Valencia).

Un juzgado valenciano investiga, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, si la principal concesionaria privada de hospitales públicos, emblema del denominado “modelo Alzira” que implantó el PP durante sus años de gobierno, ha cobrado comisiones por prótesis pagadas con dinero público. La investigación, en fase de diligencias previas, es consecuencia de una denuncia presentada ante la policía.
“El proveedor abonará a B2B Salud el importe resultante de aplicar el porcentaje del X% a la cuantía que el proveedor hubiera facturado sin IVA a los hospitales adheridos a la plataforma integrada de compras y servicios compartidos”. Así regula el contrato confidencial entre la central de compras de Ribera Salud y las empresas farmacéuticas, al que ha tenido acceso eldiario.es, lo que califica como “cuota de facturación”.
La revelación por el diario El Español de que las concesiones sanitarias privadas que gestiona Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, en los hospitales de Alzira, Torrevieja y Elche, han funcionado con un sistema que ha deparado a B2B una facturación de 10,6 millones de euros y unos beneficios de 3,3 millones en sus seis años de funcionamiento, hizo reaccionar hace unos días a la Generalitat Valenciana, ahora gobernada por la izquierda. Ribera Salud no reflejó en sus cuentas anuales presentadas a la Administración autonómica la existencia de esas cuotas de rappel.
La empresa sanitaria ha defendido la “legalidad de sus operaciones” y ha indicado que B2B Salud funciona como otras centrales de compras. Y ha añadido que, en todo caso, la suma del beneficio obtenido por B2B y el de la explotación de la concesión hospitalaria “está muy lejos del beneficio tasado del 7,5% de la TIR (tasa interna de rentabilidad) que marca la cláusula limitativa del contrato”. Dicho de otra manera, el uso de B2B haciendo negocio como intermediaria de los suministros no supera el límite de beneficio estipulado del 7,5% de lo que Ribera Salud ha invertido en los hospitales que gestiona.
El gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha anunciado desde el principio que quiere revertir los hospitales que privatizó el PP a la red pública y el hospital de Alzira, capital de la comarca de la Ribera Alta cuya concesión caduca en 2018, es el primer candidato. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha reclamado a Ribera Salud que en el plazo de 15 días aporte toda la documentación sobre la facturación de B2B Salud y la vicepresidenta Mónica Oltra aseguró: “B2B no es una central de compras, esto está hecho para otra cosa”.
Esa “otra cosa” puede ser la que se investiga judicialmente. Más allá del conflicto por la gestión privada de la sanidad pública (Ribera Salud gestiona directamente la cobertura de 636.400 personas y participa indirectamente con un 35% en el hospital de Dénia) y sobre la opacidad en las cuentas que revelan episodios como el de B2B, un juzgado investiga si la “cuota de facturación” se ha aplicado también a la compra de prótesis.
Las concesionarias privadas reciben una “cápita”, el pago de una cantidad que se calcula en función de lo que cuesta a la Generalitat valenciana la atención sanitaria por habitante y año, para hacer frente a los gastos de la atención hospitalaria. Pero quedan exentas de los gastos de farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Las facturas de esos servicios, de difícil rentabilidad, los paga la Administración. Y lo que se investiga es si B2B, al adquirir prótesis para los hospitales de Ribera Salud, ha cobrado también un porcentaje sobre suministros que, en definitiva, acaba pagando la Conselleria de Sanidad.
Los informes que maneja la investigación apuntan a que en 2015 podrían haberse cobrado porcentajes hasta del 23% en marcapasos, que habrían reportado más de 96.000 euros de un solo proveedor, y hasta del 30% en prótesis de rodilla y cadera, que habrían supuesto comisiones de 44.000, 50.000 e incluso 70.000 euros, según los proveedores.

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