martes, 22 de noviembre de 2016

El Gobierno prepara otra vuelta de tuerca a las pensiones, pero descarta más impuestos

DESCARTA CREAR UN TRIBUTO FINALISTA


La tercera reforma de las pensiones en los últimos cinco años está en marcha. La ministra Báñez comparece hoy en el Congreso para desvelar la estrategia del Gobierno
Foto: Mariano Rajoy (i), conversa con su pareja de juego momentos antes de disputar una partida de dominó en el Hogar del Pensionista, tras su intervención en un mitin en Olmedo en 2015. (EFE)
Mariano Rajoy (i), conversa con su pareja de juego momentos antes de disputar una partida de dominó en el Hogar del Pensionista, tras su intervención en un mitin en Olmedo en 2015. (EFE)
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La reforma de las pensiones —tras la prolongación de la edad de jubilación y la aplicación del nuevo sistema de revalorización— entra en la tercera fase. Y en esta nueva temporada tendrá que ver, fundamentalmente, con los ingresos. El Gobierno, en todo caso, descarta la creación de un impuesto finalista para pagar las pensiones.
O lo que es lo mismo, lo que se quiere es avanzar en la llamada contributividad del sistema. Es decir, se pretende que haya más correlación entre lo cotizado y la pensión que se reciba al final de la vida laboral. El objetivo del Gobierno es que a medio y largo plazo la ratio entre gasto contributivo y producto interior bruto se sitúe alrededor del 9,7%. Y a muy largo plazo, superado el impacto demográfico desfavorable de las tres próximas décadas, el gasto en relación al PIB podría llegar, incluso, a descender.
La ministra de Empleo, Fátima Báñezexplicará este martes en la comisión del Pacto de Toledo la estrategia del Gobierno, que se enfrenta a un déficit estructural que se ha ido ensanchando en los últimos años. Hasta el punto de que en 2016 —pese a la creación de más de medio millón de empleos— la diferencia entre ingresos y gastos se situará en el entorno de los 18.000 millones de euros, mientras que para el año próximo el Ejecutivo ha comunicado a Bruselas —que vigila el cumplimiento de sus recomendaciones— un déficit de 14.000 millones adicionales. Algo que explica que el Gobierno trabaje con la idea de incluir ya en los Presupuestos del Estado de 2017 algunas reformas, aunque sea de forma gradual.
Algo esencial si se tiene en cuenta que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se acabará, muy probablemente, después de abonarse la paga extraordinaria de 2017, lo que significa que el Gobierno tiene prisa por enderezar la situación.
Hay que tener en cuenta que algunas de las reformas aprobadas en 2011 (PSOE) y 2013 (PP) todavía no están plenamente operativas, y, por lo tanto, su efecto es limitado. Por ejemplo, el factor de sostenibilidad establece un vínculo automático entre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación y el aumento observado en laesperanza de vida, pero esta cláusula no empezará a aplicarse hasta 2019, sin necesidad de normas adicionales. Ahora, lo que se baraja es adelantar algunos periodos transitorios con el fin de estabilizar las cuentas del sistema público de protección social.
El endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, igualmente, está sembrado de periodos transitorios, lo que explica que su impacto sea también muy suave. El resultado es que el número de jubilaciones anticipadas es todavía similar al existente antes de la reforma. Concretamente, en 2012 se jubilaron anticipadamente 127.358 trabajadores, y en 2015 lo hicieron 127.038 trabajadores.
El Gobierno quiere, también desde el lado de los ingresos, seguir avanzando en laseparación de fuentes de financiación. Es decir, descontar del presupuesto de la Seguridad Social todas aquellas partidas que van destinadas a financiarprestaciones no contributivas, y que ahora se financian con cotizaciones sociales. Hoy, el Estado (Presupuestos Generales de 2016) transfiere 13.160 millones, pero, de esa cantidad, nada menos que el 56% se destina a financiar los llamados complementos de mínimos. Es decir, la cantidades que aporta el Estado a fondo perdido para que un pensionista alcance la cuantía mínima que establece anualmente el Consejo de Ministros.

Viudedad y orfandad

La idea del Gobierno es seguir avanzando en ese objetivo. En particular, asumiendo el coste de las pensiones de viudedad y orfandad, que no tienen carácter contributivo (se perciben sin que el beneficiario haya cotizado). Aquí el problema es doble. Por un lado, económico, toda vez que el coste es muy abultado, unos 21.000 millones de euros, pero también político. Algunos partidos y sindicatos —PSOE y UGT— son inicialmente remisos, porque eso supone, de alguna manera, volver a un sistema de beneficencia. Pero, al mismo tiempo, se asume que sin nuevas aportaciones del Estado, el futuro de la Seguridad Social es incierto.
Máxime cuando algunas medidas que recortan el gasto (como la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años) no surtirán plenos efectos hasta el 1 de enero de 2022. De hecho, la edad media de las altas de jubilación se ha reducido levemente en los últimos años, si bien es superior a la de 2012. En el régimen general se sitúa en 64,21 años, por debajo de los 64,36 años de 2013.
Aunque el Gobierno ha aumentado en los últimos años sus aportaciones a la Seguridad Social (vía impuestos), lo cierto es que durante mucho tiempo ha consignado presupuestariamente mucho menos de lo que debía. Como sostiene un informe de la propia Seguridad Social, esto ha supuesto que tan solo desde el año 2000 a 2012 el importe de los complementos de mínimos no financiado ha superado los 49.000 millones de euros, habiéndose restado este importe a los fondos del sistema público de protección social.
El actual sistema de pago de los complementos de mínimos genera tensiones de tesorería a la Seguridad Social, de ahí que se proponga dejar sin efecto este procedimiento y, al igual que el resto de los gastos financiados, se realicen libramientos por doceavas partes. Un problema que no es menor, teniendo en cuenta que en el pasivo de la Seguridad Social aún duermen los 17.168 millones que adeuda al Estado por operaciones realizadas en los años noventa.
Otro de los asuntos capitales de la reforma de las pensiones tiene que ver con lascotizaciones de los trabajadores autónomos, integrados en un régimen que sistemáticamente ha generado abultados déficits, toda vez que lo cotizado es muy inferior a lo percibido.
Esto es así porque, mientras que de 2005 a 2015 el incremento de la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue un 14,8%, el incremento del IPC fue del 22,1%. El incremento de la base mínima del régimen de asalariados, por su parte, ha sido del 26,4%. Esto ha supuesto que la base mínima de autónomos, que en 2005 superaba a la del régimen general en un 28,7%, en 2015 solo la supera en un 16,8%. El resultado es un déficit actual situado en unos 6.600 millones de euros, la tercera parte del desequilibrio del sistema público de pensiones.
Históricamente, esto no ha preocupado porque el régimen general aportaba un notable superávit. Ahora, sin embargo, y debido a que las bases de cotización —por los ajustes salariales— están creciendo apenas un 0,7% anual, el sistema necesita ese dinero. Sobre todo teniendo en cuenta que la baja inflación hace mucho daño a su financiación.

Garantía del Estado

Otro problema adicional en autónomos es que el número de pensiones con complementos de mínimos es muy superior. Concretamente, el 39% frente al 23% en el Régimen General. Esto se debe a que muy pocos trabajadores generan pensiones superiores a las mínimas, y por tanto todo aquel que no tiene otrafuente de ingresos superior al límite establecido recibe la garantía del Estado.
Como admite la propia Seguridad Social, los gastos en autónomos superan a los ingresos en una proporción cada vez mayor. Mientras que los ingresos decrecen o se mantienen estables en torno a 10.400 millones, los gastos crecen anualmente, alcanzando casi los 17.000 millones en 2013. Este es otro punto políticamente muy delicado, debido a que Ciudadanos, el principal respaldo parlamentario de Gobierno, aspira a aumentar las ayudas a los trabajadores por cuenta propia —y así lo establece el pacto firmado en agosto entre C's y el PP—, pero su régimen es altamente deficitario.
El Ejecutivo, como ha planteado ya la ministra Báñez, quiere seguir avanzando en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que tiene que ver con lacompatibilización del trabajo con la pensión. La actual legislación permite que el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, sea compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista. Los pensionistas deben haber cumplido la edad legal de acceso a la jubilación ordinaria, y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora alcanzar el 100%. La cuantía de la pensión es equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial. El Gobierno lo que plantea ahora es que ese porcentajepueda alcanzar el 100%.
El Gobierno, por último, está abierto a negociar la eliminación de los topes que hoy existen tanto en las cuantía de las bases de las cotización como en la cantidad que hoy perciben los pensionistas. Es decir, habría ‘destope’, pero siempre que se mantuviera una cierta proporcionalidad, ya que no tendría sentido elevar las bases máximas de cotización actuales (3.642 euros mensuales) y, en paralelo, no elevar la cuantía máxima (2.567 euros brutos mensuales).

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