martes, 22 de noviembre de 2016

Pobreza energética e indigencia moral II


http://www.euribor.com.es/2016/11/22/pobreza-energetica-e-indigencia-moral-ii/

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La reciente muerte de una anciana en un incendio provocado por las velas con las que se iluminaba, ha abierto de nuevo el interés de esta epidemia, mezcla de necesidad básica e indiferencia, que supone la denominada pobreza energética. La cual es un fenómeno, que desde el inicio de la crisis no hace sino extenderse y crecer en los estratos más pobres de la sociedad.
De hecho, asociaciones más concienciadas que los oportunistas medios de comunicación y partidos políticos ya lo llevan advirtiendo hace años. Un ejemplo es la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) que en abril de este año ya publicaron su III Estudio de Pobreza Energética llamado “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad económica”, en el que, continuando en la línea de los dos anteriores, destacan que este fenómeno está aquí para quedarse, a no ser que se tomen las medidas estructurales adecuadas.
Ya a finales de 2013, una iniciativa de todos los grupos de la oposición de aprobar una “tregua invernal” a los cortes de suministro de luz a las familias que no pudieran hacer frente a este coste, al menos durante el invierno, fue calificada de demagógica por el gobierno del PP. En su momento alegaron que el ejecutivo ya estaba trabajando en una batería de medidas para paliar la pobreza y con su, bendecida por la OCDE, reforma laboral, alegaron que se crearía empleo “estable y de calidad”. Lo que haría innecesaria cualquier otra medida.
Pero lo cierto es que todo sonó a que el gobierno debía muchos favores, la mayoría heredados de gobiernos anteriores, y que las compañías eléctricas son uno de sus principales acreedores. Así, lejos de poder llevar a cabo esa medida, u otra similar como podría ser la creación de una tarifa mínima de subsistencia, lo que se llevó a cabo fue una nueva subida del recibo de la luz para principios del 2014, precisamente en lo más crudo del invierno.
Y de esos mimbres tejimos la cesta que ahora disfrutamos: un 11% de los hogares españoles (que representan a 5,1 millones de personas) no pueden mantenerse a una temperatura adecuada en invierno. Cifra que además ha supuesto un incremento del 22% de dos años a esta parte. De hecho, el estudio revela que hasta un 21 % de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 % (2,6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.
Ahora, con los dirigentes de Podemos desgañitándose frente a la sede de Gas Natural, indignados por el hecho de que se corte los suministros de un hogar que no paga las facturas y que no exista ningún mecanismo de protección para el afectado, se nos olvida el origen del problema porque nos quedamos con sus consecuencias.
Las causas que generan esta precariedad energética son diversas, si bien existen tres factores fundamentales:
  • Bajos ingresos del hogar. Las familias afectadas por el desempleo de larga duración y los ancianos o discapacitados con las pensiones más bajas del sistema son los perfectos candidatos para este mal.
  • Calidad insuficiente de la vivienda. Que obliga a gastos superiores o a inversiones imposibles para mantener el calor en el hogar.
  • Precios elevados de la energía. Que ha aumentado sus precios en un 73% la electricidad y un 67% el gas desde 2008 al 2014. Así, Desde el inicio de la crisis a principios de 2008 hasta finales de 2014, los 13,66 céntimos de euro a los que se pagaba el kWh eléctrico en 2008 han dejado paso a los 23,67 céntimos a abonar por cada kWh consumido en 2014. El gas ha pasado de costar 5,57 céntimos el kWh a 9,59 céntimos de euro.
Las consecuencias son las conocidas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc.
A día de hoy, a nivel nacional, sólo existe un mecanismo de protección del usuario con menos recursos frente a la imposibilidad de pagar sus facturas energéticas, y sólo con la electricidad, que es el bono social. Este permite un descuento del 25% sobre la tarifa doméstica del que pueden beneficiarse las primeras residencias de familias con todos sus miembros en paro y pensionistas que reciban la prestación mínima. Lo curioso de este mecanismo de protección (del que también pueden disfrutar las familias numerosas) es que no está vinculado a la renta. Desde hace unos años se plantea la posibilidad de que esta fórmula llegue también al gas.
El resto de las medidas son impulsadas por Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos o entidades como Cruz Roja o Cáritas, siempre que las iniciativas no sean llevadas al Tribunal Constitucional por “injerencia en materias reservadas al Gobierno Central”.
Y mientras las grandes compañías energéticas sacan pecho diciendo que han llegado a acuerdos con ayuntamientos, comunidades autónomas u ONG, con los que ha conseguido cubrir a más del 90 % de sus clientes, lo cierto es que las ONG denuncian la “deshumanización” de las compañías en la mayoría de los casos en los que intervienen. Así como el hecho de que la mayor parte del importe de las facturas sean impuestos, incluido el IVA del 21%, cuando estamos hablando de un servicio que, sin duda, es de primera necesidad.

Escrito por Manuel González el 22 de noviembre de 2016 

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