El Canal de Isabel II ha reforzado las medidas de seguridad de custodia de sus archivos “para evitar la destrucción de pruebas”, según ha podido saber El Independiente de fuentes de la Comunidad de Madrid.  Dicho “blindaje” se produjo a indicación del director de seguridad de la empresa pública. Ésta es la primera de las medidas que se ha adoptado tras el estallido de la operación Lezo, que implica al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pero no es la única ni mucho menos.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo el pasado miércoles un registro en la sede del Canal de Isabel II y requirieron diversa documentación relativa a operaciones de inversión realizadas por la empresa en Latinoamérica, como el desembarco en la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) y la compra del 75% del capital de la compañía brasileña Emissao. Según las fuentes consultadas, la dirección de la empresa controlada por la Comunidad de Madrid dio sobre la marcha la orden a nivel interno para que se facilitasen todos los papeles que solicitaran los investigadores policiales.
Con el incremento de las medidas de seguridad se busca conjurar el riesgo potencial de destrucción de algún expediente que pueda ayudar a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para determinar si hubo desvío de fondos públicos para el enriquecimiento de determinadas personas, como apuntan los indicios recabados. Según ha informado Okdiario, Ignacio González instó a una empleada del Canal una semana antes de su detención a que destruyera seis expedientes relacionados con operaciones internacionales de la empresa tras tener conocimiento por un chivatazo de que estaba siendo investigado, como aquélla habría confesado a la UCO y ratificado posteriormente ante el instructor.
Ignacio González habría intentado que se destruyeran expedientes días antes de su detención
El refuerzo de las medidas de custodia de la documentación fue propuesto por el director de seguridad de la compañía, Javier Marino González. Coronel de infantería en la reserva, Marino firmó un informe el 28 de abril de 2003 -entonces teniente coronel y en relación a su responsabilidad en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF)- en el que hacía referencia a las incidencias en el transporte de la tropa española a Afganistán para participar en una misión internacional y el deficiente estado de conservación de los aviones fletados. El oficial aludía al alto riesgo que suponía recurrir a aviones de la antigua Unión Soviética debido a su “como mínimo muy dudoso” mantenimiento y el Consejo de Estado alude a su informe en el dictamen en el que aprecia la responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado en el accidente del Yak-42, que le costó la vida a 62 militares españoles.
Al temor de que se pueda sustraer algún documento que resulte comprometedor para los anteriores gestores del Canal Isabel II se unirá en breve el encargo de realizar auditorías financieras en todas las filiares de la empresa, reforzando los equipos auditores de cada una de ellas, además de un refuerzo de los controles internos para evaluar no sólo la situación actual de las sociedades en Iberoamérica sino evitar que se puedan producir irregularidades en el futuro. Existía cerca de una veintena de sociedades filiares, muchas de ellas sin ningún tipo de actividad, por lo que se han ido desmantelando. El resto serán sometidas a controles exhaustivos.
El Canal de Isabel II realizará auditorías financieras en todas sus empresas filiales
El actual responsable de esta empresa pública de 2.500 trabajadores  y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, reunió ayer al consejo de administración en la que es la cita ordinaria de todos los meses, pero incluyó un nuevo punto en el orden del día para dar cuenta de la situación abierta tras la puesta en marcha de la operación Lezo. Así, leyó un informe sobre los detalles que manejan respecto al registro de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) y de las medidas inmediatas que tiene previsto tomar, ente otras cuestiones. Todo ello “hasta lo que sabemos, porque hay secreto del sumario”, puntualizaron la fuentes consultadas.
La Comunidad insiste en su disponibilidad a “colaborar absolutamente con la Justicia”, tal y como demuestra el hecho de que fue el propio Gobierno autonómico el que se dirigió a la Fiscalía el 12 de julio de 2016 para poner en su conocimiento “procedimientos anómalos” en la operación de compra de la empresa brasileña Emissao -un desembolso inflado, sin valoración independiente, ejecutado a través de una sociedad uruguaya sin actividad real y con un informe de la firma de auditoría KPMG en el que alertaba de riesgos potenciales- y, al tiempo “intentar saber qué es lo que hay” tras el estallido del caso que ha acabado con González en la prisión de Soto del Real.
Ignacio González siempre se reservó para sí la gestión del Canal y de ICM, ahora investigadas
La idea de que el Canal “era la Cueva de Alí Babá pero no teníamos pruebas”, como dice muy gráficamente un dirigente popular, estaba bastante extendida, aunque faltaron reflejos o interés por levantar las alfombras. Lo que no dejaba de resultar chocante es que “Ignacio González siempre se reservó para sí la gestión tanto del Canal como de la antigua agencia de Madrid Digital, ICM”, ahora bajo la órbita de la Consejería de Economía, independientemente de las remodelaciones que se iban haciendo en los gobiernos de Esperanza Aguirre y del propio González.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reúne hoy al comité ejecutivo regional de su partido. Está previsto que su intervención sea en abierto para los medios de comunicación después de que ayer se negara a hacer cualquier tipo de valoración sobre los acontecimientos de la última semana, tanto en lo que se refiere a la investigación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como a la dimisión de Esperanza Aguirre.

Cifuentes reúne hoy a su comité ejecutivo

Asimismo, el grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid tendrá que elegir a su nuevo portavoz después de que a Íñigo Henríquez de Luna le haya salido competidor, José Luis Martínez-Almeida, mucho mejor visto por Génova, tanto por la planta séptima como por la primera. Henríquez de Luna es uno de los más fieles a Aguirre en un grupo donde no faltan aguirristas aunque las fuerzas “están divididas mitad y mitad”, como admiten algunos de los que eran más cercanos a la dimisionaria.