domingo, 30 de abril de 2017

El gobierno con la mafia bancaria: La UE lanza un ultimátum al Estado Español por los favores a la banca

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Por Kaos. Internacional
Aunque es de sobras conocida la UE como la herramienta política y económica del gran capital, entre el cual ocupa un papel relevante la banca, el gobierno español ni siquiera cumple las directivas europeas mínimas, aquellas que intentan encubrir el enorme negocio que obtiene la banca a costa de la mayoría social.
Aunque es de sobras conocida la UE como la herramienta política y económica del gran capital, entre el cual ocupa un papel relevante la banca, el gobierno español ni siquiera cumple las directivas europeas mínimas, aquellas que intentan encubrir el enorme negocio que obtiene la banca a costa de la mayoría social y que facilita que, por ejemplo, la gran banca española haya obtenido, sólo en el primer trimestre de este año, 4000 millones de beneficios, un 28’5 más que en 2016.
Kaos. Laboral y Economía



La Comisión Europea advierte de que las normas beneficiosas para los clientes no se han aplicado en el país. El Gobierno confía en lograr apoyo parlamentario para aprobar una reforma antes de sufrir una condena.
La Comisión Europea lanzó un ultimátum a España y a otros tres países de la Unión Europea –Croacia, Chipre y Portugal- en mayo del 2015 para que incorporaran a la legislación nacional la directiva sobre créditos hipotecarios del 2014. Desde entonces, y pese a los reiterados llamamientos, ninguno de los cuatro países han cumplido “plenamente” con el requerimiento –el plazo límite era el 21 de marzo del 2016- y Bruselas ha decidido ahora denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El último aviso se produjo el pasado 24 de enero. A raíz del dictamen motivado enviado a Madrid, las autoridades españolas informaron a Bruselas de que el borrador de reforma hipotecaria no ha sido todavía remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria pero ni enviaron un borrador con medidas ni un calendario claro para su adopción. Una tardanza que ha terminado colmando la paciencia del Ejecutivo comunitario. “Hasta la fecha no se ha notificado la adopción de ningún tipo de legislación y la Comisión Europea ha concluido que la directiva no ha sido traspuesta”, ha explicado la portavoz comunitaria Vanessa Mock.
El caso no tiene relación con el de las cláusulas suelo pero supone un toque de atención más a España por una legislación hipotecaria que sigue siendo insuficiente para proteger adecuadamente a los consumidores. La directiva tiene como objetivo crear un mercado del crédito hipotecario con un nivel de protección elevado.

EN BUSCA DE APOYO

El Ministerio de Economía hizo algunos trabajos preliminares para transponer la norma europea en el 2015. Fuentes del departamento dirigido por Luis de Guindos han alegado este jueves que en el 2016 “no se pudo avanzar” por encontrarse el Gobierno en funciones. “Estamos preparando un texto normativo que esperamos esté aprobado antes de que se produzca la eventual sentencia. Con este objetivo, estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno”, han justificado.
El ministro anunció en enero que estaba preparando la reforma, poco después de la sentencia europea que obligó a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo en los casos en que fueron vendidas de forma opaca. A mediados de febrero, el Consejo de Ministros analizó un anteproyecto, que incluye medidas como el endurecimiento de los trámites para iniciar un desahucio, la creación de un contrato hipotecario tipo de uso voluntario, la entrega al cliente de una ficha con todas las características del contrato antes de contratarlo o la obligación de que los hipotecados dejen por escrito que entienden las cláusulas de más riesgo.
El proyecto del Ejecutivo ha levantado ampollas en los bancos, que vienen advirtiendo de que, en función de su redactado final, puede provocar que las hipotecas se encarezcan. “La inseguridad no la ha creado en absoluto el Gobierno, sino que es consecuencia de otros factores diferentes”, les advirtió Guindos hace unos días. En la misma línea, el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, les afeó las “falta de buenas prácticas en la comercialización” durante los últimos años y les exigió “sencillez y veracidad en toda comunicación con los clientes”.

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

La directiva europea, precisamente, incluye normas de conducta para los bancos, como la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, así como disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos a moneda extranjera, la tasación de la propiedad, la educación financiera, la demoras o la ejecución hipotecaria.
El Ejecutivo comunitario entiende que no aplicar su directiva hace que los consumidores de los cuatro países denunciados “no puedan disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”. Además, el hecho de que no haya una correcta trasposición hace también que los bancos no puedan disponer de un pasaporte para sus actividades comerciales, priva a los consumidores de estos países de “ofertas de crédito potencialmente más ventajosas” procedentes de prestamismas de otros Estados miembros. Esto complica, según Bruselas, la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más elevados.

OTROS DOS ULTIMÁTUMS

En el marco de un segundo procedimiento de infracción, la Comisión Europea ha vuelto a urgir a las autoridades españolas a aclarar en el plazo máximo de dos meses trasposición de la normativa sobre cuentas de pago que concede a todos los residentes en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia.
Además, España también tiene otros dos meses para aplicar las nuevas normas sobre liquidación de entidades financieras y centros de compensación, y comunicar a Bruselas las medidas adoptadas que se enmarcan en la iniciativa de la UE para reducir los riesgos vinculados a la insolvencia en determinadas operaciones. España tenía que haber traspuesto la normativa, adoptada a raíz de la crisis financiera, hace casi tres años. Si no actúa en dos meses el caso podría terminar también ante los jueces europeos.

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