jueves, 20 de abril de 2017

El juez acusa a Ignacio González de dirigir una red criminal que saqueó 60 millones

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Imputa ocho delitos al expresidente madrileño y a los once colaboradores detenidos

MADRID/LA VOZ 
El PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre recibió ayer un nuevo golpe crítico al ser detenido Ignacio González, el que fue su mano derecha y a quien designó para sucederle al frente de la comunidad. Su otro hombre fuerte, Francisco Granados, está en la cárcel a la espera de juicio. González fue arrestado en su domicilio por la Guardia Civil en el curso de la operación Lezo, que coordina el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sobre la corrupción en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II de Madrid, organismo que presidió entre el 2003 y el 2012, antes de ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid (2012-2015). La investigación se centra en el desvío de fondos públicos en beneficio de personas vinculadas al anterior Gobierno madrileño. Los investigadores calculan que el agujero patrimonial generado en las arcas públicas es de 60 millones de euros.
Compra de empresas
Uno de los modus operandi de lo que el juez considera organización criminal encabezada por González era supuestamente que el Canal de Isabel II, la joya de las empresas públicas madrileñas, compraba, a través de otras sociedades instrumentales, empresas en Brasil y Colombia a un precio muy superior al de mercado. El caso más llamativo es el de la brasileña Emissão, por la que se pagaron 21,4 millones y que un año después valía cuatro veces menos. En Colombia se investiga la adquisición de la sociedad que gestiona el agua de la localidad de Barranquilla. Asimismo se investigan adjudicaciones de obra pública concedidas por González a cambio de la comisión correspondiente, para luego blanquear ese dinero a través de complejas operaciones en varios países, incluido algún paraíso fiscal.
El juez investiga delitos de prevaricación, integración en organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Es decir, prácticamente todo el catálogo de los delitos propios de actividades típicamente corruptas. Junto a González fueron arrestadas otras once personas, entre ellas su hermano Pablo, director de operaciones de Mercasa y su presunto testaferro, y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de Ignacio González en Latinoamérica, al que nombró director de Inassa, filial colombiana del Canal que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos.
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil practicaron decenas de registros, los más importantes en las oficinas del Canal, el domicilio de González en el barrio madrileño de Aravaca durante diez horas, y posteriormente su despacho profesional o las sedes de Mercasa y Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, mujer del expresidente e imputada en la causa. Los investigadores sospechan que podría ser el eslabón final de la trama, donde se procedía a blanquear el dinero.
Cifuentes, testigo
Velasco citó como testigos a cinco personas, entre ellas a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, a la que entregó las preguntas para que las conteste por escrito, y al consejero de Presidencia y responsable del Canal, Ángel Garrido, al que tomó declaración durante una hora. Cifuentes, que expresó su disposición a colaborar «absolutamente» con la Justicia, presentó hace un año documentación ante la Fiscalía del Estado por la gestión del Canal de Isabel II, en concreto por la compra que hizo en noviembre del 2013 de la empresa brasileña Emissão Engenharia e Construçoes. La Fiscalía Anticorrupción ya estaba investigando desde el 2015 la gestión de la empresa de aguas.
Según fuentes del caso, la Guardia Civil también indaga en esta pieza la supuesta financiación irregular del PP de Aguirre. La UCO cree tener datos de que cuando González se hizo cargo de la secretaría general del PP madrileño a finales del 2011, exigió a empresas adjudicatarias de obras que abonaran, a través de terceras personas, dinero para cubrir las deudas que había dejado la campaña electoral de los comicios autonómicos.
El PP suspendió ayer de militancia a González, a quien abrió expediente hace más de un año por el caso del ático de Estepona. El expresidente también está implicado en la trama Púnica y en el llamado caso del espionaje. La detención de González tuvo lugar en la víspera de que Aguirre, que ayer descartó dimitir, declare hoy como testigo en el juicio de Gürtel.

La lista de los investigados llegará a la treintena

El juez de la operación Lezo ha ordenado doce detenciones por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Está previsto que otras dos decenas de personas sean imputadas. Ya lo están la mujer de González, Lourdes Cavero, y se ha pedido la extradición de Diego García Arias, gerente de Inassa, filial sudamericana del Canal
Pablo González
Hermano del expresidente madrileño y directivo de Mercasa (empresa estatal de gestión alimentaria de mercados), adonde llegó desde Bankia. Fue detenido, por negocios turbios de Mercasa en Angola.
José Juan Caballero
Cuñado de Ignacio González. Detenido. Promotor del campo de golf en Chamberí. La explotación fue adjudicada por Ignacio González desde el Canal a una red familiar en la que están Pablo González y Caballero. Su mujer, Isabel González, es diputada de la Asamblea de Madrid y perteneció al gabinete de Esperanza Aguirre en el Senado.
María Fernanda Richmond
Exdirectora financiera del Canal (2007-2016) y mujer de Javier de Andrés, alto cargo de Indra imputado en la Púnica. Destituida por Cifuentes porque el Canal compró una empresa en Brasil por 21 millones y al año valía 5.
E. Rodríguez Sobrino
Hombre fuerte de González en Latinoamérica, destituido hace un año por Cifuentes como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, tras aparecer en los papeles de Panamá. Fue uno de los espiados con González en Colombia. Detenido.
Ildefonso de Miguel
Fue el número dos de Ignacio González en el Canal y gerente entre el 2004 y el 2009. Cuando saltó de ese puesto se le adjudicó el control del inactivo aeropuerto de Castellón a una de sus empresas.

Marhuenda declara hoy por presunta coacción a Cifuentes

El presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, declararán hoy ante el juez como investigados en la operación Lezo por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga las supuestas irregularidades en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica, los citó a declarar como investigados a las 12 horas. El magistrado, instructor también del caso Púnica, les imputa el delito que recoge el artículo 464 del Código Penal para quien utilice la «violencia o intimidación para intentar influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal».
Los investigados tendrán que comparecer con abogado, no tienen obligación de declarar contra sí mismos ni de responder a todas las partes. Incluso podrían acogerse a su derecho a no declarar. A Marhuenda y Casals también les imputan pertenencia a organización criminal. Otro directivo de La Razón, el consejero delegado Edmundo Rodríguez Sobrino, fue detenido ayer en la operación de la Guardia Civil y está a la espera de comparecer ante el magistrado Velasco.
Por su parte, el presidente del Grupo Atresmedia, José Crehueras, declaró en la Audiencia Nacional como testigo a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes de la investigación apuntaron que Marhuenda y Casals trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contra Edmundo Rodríguez, mano derecha de González en el Canal y consejero del citado periódico.
Casals y Marhuenda son dos de los investigados en la operación Lezo, en la que ya hay doce detenidos.

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