lunes, 17 de abril de 2017

La Eurocámara, contra la explotación que firmas de la UE practican en terceros países


APROBARÁ UN INFORME DE LOLA SÁNCHEZ QUE RECLAMA UN MARCO LEGISLATIVO VINCULANTE

https://www.cuartopoder.es/invitados/2017/04/16/la-ue-exigira-a-sus-empresas-garantizar-el-trabajo-digno-en-los-paises-en-desarrollo/12516



Beatriz Ríos *

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Dos niñas observan los restos del derrumbe del edificio Rana Plaza en Savar, Bangladesh, que acogía varias fábricas textiles. / Efe
BRUSELAS.– El 24 de abril de 2013, un edificio se derrumba en la ciudad de Savar, a poco más de 30 kilómetros de Daca, la capital de Bangladesh. Más de 1.100 personas mueren en el derrumbe y 2500 resultan heridas. El inmueble, Rana Plaza, era una edificación que acogía cinco fábricas de confección. Todos los fallecidos eran trabajadores que fueron obligados a trabajar aquel día, a pesar de las penosas condiciones de la fábrica. La tragedia del Rana Plaza puso por primera vez en las portadas de los diarios las penosas condiciones de los trabajadores de la industria textil en países en desarrollo como Camboya, Bangladesh o Sri Lanka. El Parlamento Europeo, a partir de un informe de la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez, pedirá a la Comisión Europea que legisle para asegurar que las compañías europeas se responsabilizan de las condiciones de los trabajadores que las empresas que subcontratan para la producción de ropa en estos países.

Más del 70 % de las importaciones de textiles de la UE proceden de Asia, que es además responsable del 58,4 % de las exportaciones en este área, según la Organización Mundial del Comercio. Tras la tragedia del Rana Plaza surgieron varias iniciativas, públicas y privadas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de la industria textil. Uno de ellos fue el conocido como ‘Bangladesh Compact’, un pacto entre empresas y sindicatos para realizar inspecciones regularmente sobre el estado de los edificios y cerrarlos para reformarlos, en caso de ser necesario. Este acuerdo sin duda ha permitido salvar muchas vidas pero no es suficiente. Las condiciones laborales, los derechos sociales y la vida de muchas de las personas que trabajan en el sector textil en países en desarrollo sigue siendo muy precaria. Esto es lo que denuncia el informe, que la Eurocámara votará el próximo 27 de abril.
Lola Sánchez reclama a la Comisión en su informe, no ya un documento de trabajo sino una propuesta legislativa que haga obligatorio para las empresas asegurarse de que los trabajadores de las subcontratas que trabajan para ellos cumplen con los derechos humanos. “Si no tenemos un marco obligatorio que deje muy claro cómo tienen que actuar las empresas, si lo dejamos a la voluntad de las mismas, nunca vamos a alcanzar el compromiso real de que respeten los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores”, señala Sánchez. El informe reclama que la legislación se desarrolle en base a las directrices de la OCDE y debe incluir normas relativas a la salud, la seguridad en el trabajo, un salario digno, la libertad sindical y la negociación colectiva, la prevención del acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil. El Parlamento Europeo exigirá también a la Comisión que el marco legislativo amplíe la responsabilidad social de las empresas para que la UE y sus socios comerciales “cumplan su obligación de respetar los derechos humanos y los derechos sociales. “Lo que queremos es implicar a las empresas, hacerlas obligatoriamente responsables de su cadena de producción, explica Sánchez a cuartopoder.es. Entiende la Eurocámara que las empresas europeas deben responder además en caso de catástrofe. Una base de datos adecuada, transparencia y la trazabilidad de las actividades económicas de estas compañías es clave en este sentido. También esto pide el informe que se mejore.
El informe reclama que la Unión Europea tenga como base estas premisas en sus políticas comerciales y de inversión ya que, aunque el respeto a los derechos humanos depende del gobierno del tercer país, la UE tienen una responsabilidad moral. También exige el Parlamento Europeo que la UE condicione sus políticas de desarrollo al pleno respeto de los derechos humanos y civiles en estos países.
Con el objetivo de incentivar a las empresas para que colaboren en la lucha contra la explotación laboral y el respeto a los derechos humanos, el informe propone rebajas fiscales y la creación de una etiqueta de “ropa justa”. Esta etiqueta llevará a asociado un sistema de control y se otorgará a aquellas empresas que pueden demostrar que producen sus productos textiles de manera justa y sostenible. El Parlamento considera necesario además llevar a cabo una campaña para informar a los consumidores de las condiciones en la industria textil de la que procede su ropa, para crear conciencia. “Si los consumidores de la Unión Europea conocieran las condiciones extremadamente abusivas bajo las cuales cosen la ropa los trabajadores de Sri Lanka, en su mayoría mujeres, se avergonzarían de comprar y de vestir esas prendas”, ha afirmado Lola Sánchez tras una visita al país.
El informe, explica la eurodiputada de Podemos, “va a tener un gran apoyo en el pleno del Parlamento Europeo, y la Comisión no podrá hacer oídos sordos”. Sánchez defiende la necesidad “ponerse manos a la obra y establecer una serie de medidas que impidan que nuestra ropa, tanto la cara como la más barata, esté hecha del sufrimiento de tantas personas”. El próximo 27 de abril, la Eurocámara tendrá la oportunidad de impulsar una iniciativa que permita acabar con estas prácticas.
(*) Beatriz Ríos es periodista.

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