miércoles, 12 de abril de 2017

La Xunta multa con casi 5 millones a las eléctricas por abusos a los clientes

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En el primer trimestre ha abierto 85 expedientes, tras el medio millar del último año

 
SANTIAGO / LA VOZ 
El creciente malestar de los ciudadanos con la factura de la luz y con los sistemas de cobro se ha convertido en una fuente inagotable de quejas ante las autoridades autonómicas de Consumo. Los últimos datos actualizados por la Xunta revelan que durante el pasado año 2016 se abrieron contra las compañías eléctricas medio millar de expedientes sancionadores que derivaron en multas por valor de cuatro millones de euros. Solo entre enero y marzo de este 2017 se contabilizan 85 nuevos expedientes, que suman sanciones por valor de 700.000 euros. En total, casi cinco millones.
Las reclamaciones que luego dan lugar a la imposición de sanciones tienen su origen en múltiples causas: incumplimientos de plazo relacionados con el alta y con la baja, facturaciones estimadas de consumo que los usuarios no consideran ajustada al gasto real efectuado, cortes de suministro sin una comunicación previa... En los hogares se considera que, en términos generales, el recibo de la luz es complejo, que el sistema de formación de precios es opaco y que a las eléctricas les sale a cuenta afrontar las multas por los desencuentros con sus clientes dados los multimillonarios beneficios que declaran cada año.
En el ámbito de la energía eléctrica el Instituto Galego de Consumo (IGC) tramitó el pasado año 2.821 reclamaciones contra las empresas, el 16,4 % de todas las presentadas -el ránking lo encabezan las quejas contra las telefónicas-. De esa cifra global, el 77 % fueron resueltas a favor de los consumidores. Es decir, los propios datos de Consumo avalan la creencia generalizada de que existen prácticas abusivas por parte de las compañías. De las 2.821 personas que denunciaron, 2.172 tenían razón o motivos fundados para ello.
Menos reclamaciones
Con todo, los último datos muestran un descenso considerable en el número de reclamaciones. En el 2015 se contabilizó un récord: 4.114 denuncias que derivaron en 825 expedientes y en multas por valor de 7,3 millones de euros. Los datos que maneja Consumo revelan que entre el 2009 y el 2016, coincidiendo con los momentos más duros de la crisis económica, la Administración autonómica abrió contra las compañías eléctricas 2.400 expedientes que supusieron sanciones por valor de 24 millones de euros.
Los españoles pagan la cuarta factura de la luz más cara de Europa, un recibo que se encuentra por encima del que tienen que pagar en países más ricos, como Alemania o Dinamarca. Solo entre el 2008 y el 2014 las familias españolas vieron cómo su recibo eléctrico se encarecía un 52 %.
Por si esto fuera poco, el recibo de la luz fue en enero de este año el más caro desde al menos el 2002, que es cuando el Instituto Nacional de Estadística empezó a medir el precio doméstico de la electricidad. Durante este primer trimestre, los consumidores domésticos han tenido que pagar un 22 % más que hace un año debido al llamado tarifazo de enero, un asunto que todavía investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Las telefónicas acaparan el grueso de las denuncias, con 5.219 quejas

Los expedientes abiertos contra las eléctricas en el 2016 sumaron 500, frente a los 381 tramitados contra empresas de telefonía. Sin embargo, son estas últimas las que acaparan el mayor número absoluto de denuncias por parte de los consumidores. Concretamente, solo durante el pasado ejercicio, las autoridades gallegas de Consumo tramitaron 5.219 reclamaciones por parte de los usuarios, 2.000 menos que el año anterior, lo que revela un descenso considerable del número de quejas, según los últimos datos actualizados por parte de la Xunta.
Consumos excesivos, problemas con el cambio de compañía, envíos de facturas después de que los consumidores hayan solicitado la baja, importes altos en el recibo, facturaciones de servicios a mayores o posibles incumplimientos de las condiciones del contrato están detrás de la mayoría de las denuncias que los gallegos presentan ante las autoridades autonómicas de Consumo.
En lo que va de año
Solo durante el primer trimestre de este año, la Xunta ha abierto 470 expedientes sancionadores por presuntas infracciones en materias de derechos del consumidor: 85 se corresponden con el sector eléctrico y 69 con el de la telefonía, lo que supone el 14,7 % del total.
Durante el pasado 2016, según los datos de Consumo, se emitieron un total de 3.141 laudos arbitrales. Y en el 72 % de los casos se llegaron a acuerdos que resultaron favorables para los consumidores.

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