lunes, 17 de abril de 2017

OCDE, Comisión Europea y políticas fiscales, responsables del aumento de la desigualdad

En busca de un sistema progresivo
15 de abril de 2017

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Las recetas fiscales que ahora se proponen, tanto por la OCDE como por la CE, tienen como finalidad “mejorar la eficiencia del sistema” y no pasan por la mejora de la equidad tributaria. 
El 87% de los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene.

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OCDE, Comisión Europea y políticas fiscales, responsables del aumento de la desigualdad
En las últimas semanas, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea (CE), han publicado sendos informes sobre la economía española, coincidiendo ambos en lo elevado de los niveles de desigualdad y de pobreza, destacando especialmente el de pobreza infantil.
Así, el estudio económico sobre España de la Organización que agrupa a los 35 países más desarrollados señala expresamente que los niveles generales de pobreza y la pobreza infantil siguen en cotas elevadas, siendo las transferencias en efectivo de tan baja cuantía y deficiente concepción, que apenas contribuyen a su reducción.
Y la explicación estaría, según la OCDE, en el elevado índice de desempleo, así como en la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados. Estos factores conllevan el riesgo, tal y como se destaca en el informe, de afianzar las desigualdades, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro y en la cohesión social.
La CE, por su parte, en su informe de 22 de febrero, en el que se hace un examen exhaustivo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, destaca que la pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son de las más elevadas de la Unión Europea (UE), así como que existe un alto riesgo de que el desempleo se arraigue. Coincide con la OCDE en que la pobreza de las personas en situación de empleo siguió aumentando entre quienes cuentan con contratos temporales o trabajan a tiempo parcial, señalando a los bajos salarios por hora y al bajo nivel de intensidad de trabajo en los hogares como factores causantes de dicha situación. A este respecto, señala que un uso tan extendido de los contratos temporales puede afectar negativamente a la cuestión social y frenar el necesario incremento de la productividad. Y concluye en lo que se refiere a esta cuestión que los efectos redistributivos de los impuestos y de las transferencias sociales siguen siendo inferiores a la media de la UE.
A pesar de dicho diagnóstico, ambos informes, sorprendentemente, destacan como datos positivos, por su contribución a la disminución del desempleo, la reforma laboral y la moderación salarial, con la contradicción que ello supone respecto de lo que acabamos de apuntar. Y a este respecto basta recordar las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, dirigidas al entonces Comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que un indiscreto micrófono abierto recogió en febrero de 2012: “Mañana aprobaremos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva…”
Pero si la OCDE y la CE insisten, en relación al mercado de trabajo, en seguir planteando las mismas recetas que han provocado la situación de desigualdad y pobreza que, asimismo, destacan como uno de los mayores desequilibrios macroeconómicos, es en el ámbito de sus propuestas tributarias donde alcanzan los mayores niveles de esquizofrenia económica.
Ambos informes proponen profundizar en la sustitución de impuestos directos por indirectos, que ya se viene produciendo en los últimos años, recomendando además la eliminación o reducción de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Y ello, a pesar de que, como reconocía un informe anterior sobre la economía española de la OCDE, de octubre de 2014, es una medida regresiva, que obligaría a mitigar el impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social. Protección social que, por el contrario, continúa reduciéndose con las políticas de austeridad que, asimismo, recomiendan y aplauden tanto la CE como la OCDE bajo el eufemismo de “políticas fiscales responsables”.
El 87% de los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene.

En este sentido es sintomática la desaparición, en el último informe de la OCDE, de las recomendaciones que se incluían en el del año 2014 respecto de la eliminación de la dualidad del impuesto sobre la renta, al señalar que podrían impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital como del trabajo, al mismo tipo marginal. Recomendación que ahora se obvia, al igual que la de revisar el tratamiento de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de manera que se evite la utilización para eludir el pago de impuestos, que también se incluía anteriormente.
Las recetas fiscales que ahora se proponen, tanto por la OCDE como por la CE, tienen como finalidad “mejorar la eficiencia del sistema” y no pasan por la mejora de la equidad tributaria. Y ello, a pesar que según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 87% de los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene; siendo también abrumadora la mayoría de quienes opinan, en su último barómetro fiscal, que los impuestos deberían recaudarse sobre todo con impuestos directos.
En definitiva, y de continuar, en la línea propuesta por los últimos informes de la OCDE y de la CE, sustituyendo imposición directa por indirecta, la fiscalidad tenderá a alejarse cada vez más del objetivo de progresividad. Y así, se podría llegar a configurar un sistema fiscal proporcional alejado del efecto redistributivo que, según establece el artículo 31.1 de la Constitución, debe inspirar nuestro sistema tributario, aumentando aún más la desigualdad en la distribución de la renta. Escenario que evidenciará la esquizofrenia de los informes recién publicados por la OCDE y la CE sobre la economía española y la evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, respectivamente.

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