Edificio de la sociedad privada Aguas de Valladolid. Foto: Carlos Arranz
EDIFICIO DE LA SOCIEDAD PRIVADA AGUAS DE VALLADOLID. FOTO: CARLOS ARRANZ
   
El grupo Stop Desahucios y la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’ de Valladolid han expresado su apoyo incondicional del equipo de Gobierno municipal y a su decisión de remunicipalizar el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en Valladolid, además de denunciar las trabas que están poniendo a esta decisión tanto la propia empresa adjudicataria del servicio (Agualidad, perteneciente al grupo Agbar), la Confederación Vallisoletana de Empresarios y la propia Abogacía del Estado, que sorprendentemente ha presentado un recurso contra esta decisión del ámbito municipal adoptada en pleno por mayoría absoluta y con todos los informes técnicos favorables.
Estos pronunciamientos coinciden en el tiempo con la activación de la investigación judicial que se está traduciendo en varias detenciones, incluida la del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la presunta trama corrupta que ha rodeado la gestión del Agua en la empresa pública Canal de Isabel II en Madrid.
A través de un comunicado, hoy el grupo Stop Desahucios considera que “los recursos presentados por la empresa privada Aguas de Valladolid, la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) y del Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Estado, tienen como fin ningunear el interés de la ciudadanía a favor del interés de una empresa mercantil”.
“Uno de los objetivos principales que defendemos es el suministro garantizado de recursos a todas las familias, por lo que entendemos que los organismos públicos tienen que asegurar la accesibilidad y la garantía de servicios, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general, ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental. Sostenemos que la transparencia y la participación pública de la gestión de la Red de Distribución de Agua, así como que el beneficio que se saque de un bien tan básico como el agua debe ir a manos públicas para mejorar dicho servicio, y no en los bolsillos de las suministradoras”, pone de manifiesto Stop Desahucios.
Con anterioridad, la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado también emitió un contundente comunicado en el que calificó como “un ataque frontal a la soberanía municipal”, la presentación de los citados recursos.
“Consideramos que esta ofensiva es un ataque frontal a la soberanía municipal, que está en su derecho, faltaría más, a elegir qué tipo de gestión quiere para un servicio público que es de su exclusiva competencia. Y más cuando la mayoría de los grupos municipales ha decidido este tipo de gestión. ¿Alguien recuerda como hace veinte años el anterior equipo de gobierno, decidió de manera unilateral, privatizar la gestión del agua, sin que constara en su programa electoral? Lo decidió el edil máximo y punto redondo. Sin informes, sin estudios, sin consenso, sin... Y eso que fuimos miles y miles de ciudadanos los que nos manifestamos en contra, con firmas y en la calle..., y solo recibimos como respuesta el silencio. Lo más duro que hay contra la vecindad y contra la democracia”, denuncian los vecinos antes de señalar que “lo curioso es que ante la falta de esos informes, técnicos y jurídicos, no oímos a la abogacía del Estado 'abogar' por la ciudadanía, que es a quien se debe y quien les paga”.
“Si el Ayuntamiento en Pleno ha decidido remunicipalizar la gestión del agua, avalado por todos los informes técnicos y jurídicos municipales, respondiendo a sus programas electorales; mayor democracia imposible. Entonces, ¿a qué viene toda esta operación orquestada de los empresarios y de la propia abogacía del Estado, poniendo trabas y judicializando la decisión municipal? Entendemos que, a estas alturas, ‘alguien hace agua’, incluso se le ‘está viendo el plumero’”, denuncian.
“Nosotros, los ciudadanos de a pie, puede que sepamos poco de leyes pero a ‘sentido común’ nadie nos gana. Cuando muchos de los poderes, digamos fácticos, se ponen de acuerdo para poner trabas a la legalidad más exquisita, es porque sienten que se les acaba la bicoca y eso es lo que les duele. No asumen que los plebeyos les quiten el pastel que tan gustosamente y durante veinte años han estado lamiendo a nuestra costa. Ya es hora de desenmascarar a los culpables. Sus tópicos ya no convencen. ¿Está segura la CVE, cuando en prensa manifiesta que «una vez agotada la vía de diálogo», se ha visto «obligada» a acudir a los tribunales por considerar que el «régimen de monopolio» que genera la nueva fórmula resulta perjudicial para los intereses particulares y públicos? ¿Pero cómo es posible tal afirmación si antes de estar privatizada, todo el superávit se reinvertía en mejoras del servicio (renovando todas las redes de Girón, San Pedro Regalado,...) y durante veinte años los beneficios se les ha ‘guardado’ la concesionaria y el canon lo usaron para otros fines distintos a la mejora del servicio del agua como correspondía según contrato? Que la CVE sea partidaria de la gestión privada de los servicios públicos es razonable desde sus principios pero que «se haya demostrado que es la forma más eficiente», está por demostrar. También coincidimos en su afirmación: que «perjudica gravemente» a las empresas que se dedican a ofrecer este servicio. Pero debe entender que cada uno debe defender lo suyo y no como algunos ‘chupópteros’ que viven a cuenta de los demás. Y más considerando que la empresa gestora actual es una filial del grupo multinacional Agbar, que es, según Wikipedia ‘un holding con más de 140 años de historia constituido por más de 128 empresas que operan en el sector de servicios del ciclo integral del agua, dando servicio a más de 26 millones de habitantes’. Y en situación similar están el resto de empresas que prestan el servicio, agrupadas en tres o cuatro grandes multinacionales. No parece que las empresas locales, a las que la CVE representa, tengan fácil optar a un trozo de este goloso pastel”, afirman.
“Reiteramos,... a buen entendedor, sobran más palabras. Desde esta Federación Vecinal nuestro máximo apoyo a la decisión del equipo de gobierno y en especial a la concejala responsable María Sanchez. Por fin, tras veinte años, de nuevo fluye libremente el agua”, concluyen.