viernes, 12 de mayo de 2017

Dancausa: La alargada sombra de la duda y sus peculiaridades

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Hace un par de días nos hemos encontrado con una nueva imputada en el PP, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid y que a día de hoy lo sigue siendo, está imputada por un supuesto delito societario, junto con otras 14 personas. Pero vayamos por partes.
¿Quién es Concepción Dancausa?
Concepción Dancausa es hija de Fernando Dancausa de Miguel, un político falangista que fue alcalde de Burgos entre 1965 y 1973, procurador en Cortes desde 1960 hasta 1977 y Miembro fundador de la Fundación Francisco Franco, la cual todavía hoy existe a mayor gloria del dictador Francisco Franco.
Concepción estudió derecho en la Universidad Complutense de Madrid y accedió por oposición a la condición de funcionaria del Cuerpo del Organismo Autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales. A partir de ahí empieza a saltar de cargo en cargo, en 1991 fue nombrada subdirectora general de Organizaciones No Gubernamentales y Subvenciones en el Ministerio de Asuntos Sociales, en 1996 al llegar el PP al gobierno es nombrada por Javier Arenas, directora general del Instituto de la Mujer, en el que está 4 años hasta que se presenta en las siguientes elecciones como diputada consiguiendo un escaño en el Congreso de los Diputados. Al poco tiempo abandonaría el escaño por un nuevo cargo como secretaria general de Asuntos Sociales.
Después vendría su amistad con Esperanza Aguirre y en 2003 fue como número 4 de la lista del PP en la Comunidad de Madrid, encabezada por Aguirre. Es elegida diputada autonómica y en junio de ese mismo año, gracias al Tamayazo, consigue ser nombrada presidenta de la Asamblea de Madrid, donde se mantuvo hasta 2007.
De ahí, como se ve que es muy valiosa en el PP, es nombrada concejala de Familia y Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Alberto Ruiz Gallardón y desde diciembre de 2011 lo fue de Hacienda bajo el mandato de Ana Botella.
Actualmente es Delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes.
Concepción es provida, es decir, contraria al aborto y también contraria a la reserva de puestos a las mujeres en los partidos políticos mediante el sistema de cuotas porcentuales, según ella porque en democracia es más efectivo educar que obligar a prohibir, pese a esa opinión, no se opuso a la Ley Mordaza y estaba de acuerdo con prohibir el aborto, lo que demuestra una gran coherencia. Además, también estaba en contra del matrimonio igualitario.
¿Por qué ha sido imputada?
Para entender su imputación debemos ir hacia atrás en el tiempo, concretamente a la entrada de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y su puesta en marcha de una auditoría ciudadana que entre otras muchas cosas, reveló que la empresa pública Mercamadrid firmó un contrato de alquiler de unas naves que no necesitaba y que no fueron utilizadas nunca. Lo curioso del asunto, es que el precio del alquiler fue un 81,2% superior al de mercado. Es decir, un auténtico pelotazo para la empresa privada que cobra dicho alquiler, que no debemos olvidar que pagamos todos los contribuyentes.
La afortunada empresa es Mercaocio y es tan afortunada que ha conseguido cobrar un alquiler mensual de 51.948 euros o lo que es lo mismo 623.377 euros al año, más IVA. Ya de por sí el pelotazo es perfecto, pero es que además el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid, en ese momento firmó un contrato blindado con dicha empresa que hace que si el Ayuntamiento decidiera romper dicho contrato, tendría que pagar a Mercaocio, 11 millones de euros, correspondientes al alquiler de dichas naves hasta el año 2032
Al encontrarse esto, Ahora Madrid, partido que gobierna actualmente el Ayuntamiento de la capital, interpuso una querella por estos hechos que han desembocado en la actual imputación de nuestra protagonista de hoy, Concepción Dancausa, por un delito societario, así como de otros 15 cargos públicos, por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el citado juzgado ha iniciado ya diligencias previas por el presunto delito y por ello ha procedido a advertir a los 16 implicados, entre los que se encuentra también, Pablo González, hermano de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y actualmente en prisión por la Operación Lezo o Enrique Núñez, director general de Seguridad de la Comunidad que en ese momento era concejal de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Junto a ellos, también se encuentran imputados, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losada. Todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013.
Estoy tranquila con respecto a mi caso pero preocupada por la deriva que están tomando muchos casos en los que a veces la Justicia está haciendo política y no es bueno
¿Cómo ha reaccionado Dancausa a su imputación?
A Dancausa no parece que le vaya a quitar el sueño su imputación y manifiesta estar “tranquila” y ha negado que este imputada, “lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Por lo tanto, soy investigada, no imputada. El juez no me está imputando ningún delito”.
Además, no ha dudado en cargar contra la justicia y asegurar que se siente sorprendida, exactamente estas fueron sus palabras: “Me sorprende lo que está pasando en este país en muchas cosas, pero no especialmente mi caso, porque tengo claro que la decisión que tomamos la hicimos, como comenté en el comunicado, en base a los informes del Comité Ejecutivo. Estoy tranquila con respecto a mi caso pero preocupada por la deriva que están tomando muchos casos en los que a veces la Justicia está haciendo política y no es bueno”.
Y sobre dimitir lo tiene aún más claro, no es algo que entre en sus planes y además considera que “yo estoy nombrada por el Gobierno y me puede cesar cuando quiera. Mi cargo está a su disposición, como ha estado desde hace 20 años”, por lo que entiende que no debe asumir ninguna responsabilidad y que es el Gobierno quien tendría que cesarla llegado el caso. Ahí es nada.
Los que investigan a Dancausa dependen y trabajan para la propia Dancausa.
¿Qué peculiaridades nos encontramos aquí?
Varias, la primera y más evidente, que está señora es Delegada del Gobierno y por si alguien no sabe cuáles son sus funciones, os las voy a explicar, para que entendáis porque esto es ya de por si una peculiaridad. En concreto me voy a centrar en la que se refiere a ejercer la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia funcional, en esta materia, del Ministerio de Interior.
Es decir, los que investigan a Dancausa dependen y trabajan para la propia Dancausa. ¿No es esto una anomalía por la que esta señora debería ser cesada, dimitir o al menos apartarse temporalmente de su cargo?
Ojo, porque además la delegada del Gobierno en Madrid pone en duda al poder judicial y le acusa de hacer política, es decir, prácticamente asegura que todo esto es un montaje del tribunal para interferir en la vida política española. ¿Qué pruebas tiene de tan grave acusación? ¿En qué se basa? ¿Es refrendada está acusación por el Gobierno de España que pese a todo la mantiene en su puesto?
Otra peculiaridad de este caso es que otro de los imputados es el hermano de Ignacio González, Pablo González, que al parecer se reunió con el Secretario de Estado un mes antes de que estallará la Operación Lezo, lo que ha creado la sombra de la sospecha, de en esa reunión fue advertido de que su hermano estaba siendo investigado. Y que además se encuentra también en prisión junto a su hermano por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Puede que Concepción Dancausa no considere que debe dimitir, pero sorprende y mucho, la posición de Ciudadanos, que consideran también que no debe hacerlo porque según ellos el “delito que le imputan a la delegada del Gobierno de Madrid no es un delito de corrupción, sino un delito societario grave que hay que investigar”. Se ve que para Ciudadanos el hecho de que dicho delito societario pueda haber costado dinero a los contribuyentes no es relevante ni motivo suficiente para pedir la dimisión de esta señora. ¿Cómo define entonces Ciudadanos la corrupción? Sería bueno que nos lo expliquen, porque a mí se me escapa.
En definitiva, un caso aislado más del PP que de momento tampoco tendrá consecuencias y que se suma a la larga lista que hemos ido viendo en las últimas semanas. Lista que empieza a parecer un auténtico Expediente X, ya que pese a todas las informaciones, no dimite nadie y aquí no pasa nada de nada, lo que sin duda es una auténtica peculiaridad en sí misma.

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