El Banco de España urge a adoptar medidas para enderezar el déficit del sistema público de pensiones porque, de lo contrario, los mecanismos previstos en la última reforma solo lograrían alcanzar el equilibrio en el horizonte de más de una década y con un alto coste para el poder adquisitivo de los pensionistas.
Los cálculos que realiza el banco emisor dan la medida del camino que se ha recorrido hasta llegar a un déficit del 1,6% del PIB, unos 18.000 millones, y de la senda que ahora toca desandar.
Según precisan sus informes, el gasto en pensiones contributivas ha crecido más de cinco puntos porcentuales de PIB desde 1980, mientras que las cotizaciones sociales se han mantenido relativamente estables en el entorno del 9,5% del PIB.
Esta evolución dispar se ha hecho especialmente dramática a partir de 2008. El gasto en pensiones contributivas creció desde el 7,6% del PIB en ese año hasta el 10,7% en 2015, al tiempo que descendía el empleo, aumentaba la tasa de dependencia y crecía la pensión media sobre el salario medio. A la par, el tipo efectivo de las cotizaciones sociales se ha mantenido estable durante la crisis, mientras que ha caído la participación de los salarios en el PIB, lo que ha generado una ligera caída de las cotizaciones sociales.
Con este punto de partida, el Banco de España explica que la creación de empleo poco puede hacer por sí sola. Por un lado, las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) implicarían un aumento de cuatro puntos porcentuales de PIB del gasto en pensiones en 2035 y de 11,6 puntos porcentuales en 2060 por el envejecimiento de la población.
Por ello, aunque la tasa de empleo pasara del 56% actual a entre un 60% y un 80%, el gasto en pensiones solo se reduciría entre un 1,5% y un 6,7% del PIB. Dicho de otro modo, una evolución así del empleo tan solo aliviaría la presión demográfica en un 60% como máximo.

¿Qué puede hacer la última reforma por las pensiones?

En este escenario, el Banco de España cree que las últimas reformas del sistema, encaminadas a amortiguar el creciente gasto en prestaciones, no serán suficientes para controlar el déficit en el corto plazo, pese a suponer en ese periplo una significativa merma de ingresos para los pensionistas.
La última de estas reformas, aprobada en 2013, introdujo un primer mecanismo de ajuste conocido como índice de revalorización, que fija el aumento de la cuantía de las pensiones soportable por la Seguridad Social en cada año. En este sentido, dado que el escenario de déficit previsto por el Banco de España se extiende a lo largo de una década, la previsión es que la subida de las pensiones no supere el mínimo del 0,25% durante ese periodo.
En las actuales circunstancias el déficit del sistema se reducirá una décima al año
En 2019 entrará en vigor otro mecanismo, el factor de sostenibilidad, llamado a realizar una segunda corrección teniendo en cuenta elementos como la esperanza de vida. En este caso, el empobrecimiento de los pensionistas vendrá de la mano de una menor tasa de sustitución de las pensiones sobre los sueldos.
Resumiendo la fórmula, lo que es bueno para el bolsillo de los pensionistas en el corto plazo no lo es para el sistema y viceversa. El control del gasto en pensiones debería servir para corregir la salud del sistema, su sostenibilidad, y la posibilidad de que sus beneficiarios puedan seguir cobrando, aunque sea menos.
Sin embargo, esa corrección no sería inmediata, ni mucho menos. En este punto, el Banco de España calcula que la caída de la tasa de sustitución y la previsible mejora del empleo contrarrestarían las presiones demográficas hasta estabilizar la ratio de gasto en pensiones sobre el PIB, de forma que la mejora déficit sería de aproximadamente una décima del PIB al año. “El equilibrio se alcanzaría a finales de la próxima década”, precisa la institución gobernada por el Luis María Linde.

Posibles soluciones

Tal como indicaba esta semana el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, durante una comparecencia en el Senado, el gasto en pensiones se puede frenar, pero difícilmente parar, por lo que la clave está en los ingresos. Burgos aseguraba que a largo plazo, lo esperado es que el crecimiento real de los ingresos, por el aumento del empleo y la productividad, se equipare con el del gasto procedente del mayor número de beneficiarios y de la cada vez mayor proporción de las pensiones sobre los salarios. Solo así sería posible equilibrar el sistema y mantener una revalorización de las pensiones en línea con el IPC.
El Banco de España sugiere subir el tipo de cotización
Pero para no agotar ese largo plazo, pedía al Pacto de Toledo medidas. Algo similar a lo que también hace el Banco de España. En primer lugar, sugiere que mantener el actual nivel de prestaciones requeriría tocar el tipo de cotización y aumentarlo desde el 28,3% –23,6% a cargo de la empresa y el 4,7%, del trabajador– al entorno del 35%. No obstante, también en la vertiente de los ingresos, ofrece eliminar los topes salariales máximos, limitar las bonificaciones y exenciones a las cotizaciones, excluir las pensiones de viudedad y orfandad del sistema contributivo y buscar más recursos por la vía de los impuestos.
Del lado del gasto, el Banco de España también cree que se podría hacer más, como por ejemplo encontrar un equilibrio entre la reducción de la pensión inicial y las posteriores caídas reales, una mejora de la contributividad del sistema, el establecimiento de un sistema de cuentas nocionales de contribución definida e impulsar el ahorro a través de planes privados.