sábado, 27 de mayo de 2017

El Gobierno tirará del recibo de la luz para pagar los pleitos por las renovables

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  • La Comisión de Presupuestos del Congreso, a propuesta del PP, aprueba recurrir al superávit para pagar los arbitrajes que sean desfavorables a España.
  • La deuda del sistema eléctrico, por el histórico déficit de tarifa, sigue superando los 23.000 millones de euros que se van abonando mediante recargos en el recibo de la luz.
El Gobierno tirará del recibo de la luz para pagar los pleitos por las renovables
El Gobierno tirará del recibo de la luz para pagar los pleitos por las renovables
La idea de ir borrando, poco a poco, la abultada deuda del sistema eléctrico español (más de 23.000 millones de euros) empieza a diluirse en el tiempo. La Comisión de Presupuestos del Congreso, a propuesta del PP, ha incorporado una enmienda a las cuentas del Estado que permitirá pagar las indemnizaciones por sentencias condenatorias en los arbitrajes de las renovables tirando de la hucha del superávit eléctrico. Y, dado que ya hay una sentencia en contra, la probabilidad de que caigan más no es una quimera.
Con esta enmienda, según el Grupo Popular, se persigue "dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales". "Aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos", apunta. Esta enmienda se registró el pasado 5 de mayo, el mismo día en que España perdió su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables.

Golpe a la reforma de 2013

Los nuevos Presupuestos borrarán así, de un plumazo, uno de los ejes de la Ley del Sector Eléctrico de 2013: que cualquier superávit debería dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada durante años, el denominado déficit de tarifa. Éste fue gestándose durante más de una década. Entonces, el coste de la producción eléctrica era superior a las tarifas que pagaban los consumidores, lo que fue generando una factura a pagar a las eléctricas valorada en más de 25.000 millones de euros. Entonces, se achacó parte de ese sobrecoste a las primas a las renovables, las mismas que han llevado a los procesos de arbitraje internacional.
Para acabar con ese déficit, se creó un sistema de titulización. Se convirtió ese déficit de tarifa en bonos, en emisiones de deuda, a través del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) y hay que ir pagando tanto la deuda como los intereses de esas emisiones.
¿Cómo? Lo hace cada consumidor, durante 15 años, en su factura eléctrica dentro de lo que se denominan peajes, que ‘copan’ el 40% del recibo. Estos peajes se pagan se consuma o no luz. Este año, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) toca pagar los consumidores más de 2.838 millones de euros. De ellos, unos 2.000 son el principal, la deuda en sí; y otros 765 millones, intereses. Es la CNMC la que calcula que, al cierre de 2016, la deuda por el déficit de tarifa seguía por encima de los 23.000 millones de euros.
La reforma de 2013, ideada por Alberto Nadal, entonces secretario de Estado de Energía (hoy secretario de Estado de Presupuestos y Gastos) y hermano del ministro de Energía, Alvaro Nadal, había dado sus frutos. En los últimos tres años, se ha ido generando superávit en el sistema, más de 1.100 millones de euros.
Si ahora, ese superávit va también a pagar las sentencias en contra por los arbitrajes de las renovables quedan dos opciones: o bien se tira al alza de los peajes y, con ello, del recibo de la luz; o se alarga el plazo de pago de la deuda, más allá de los citados 15 años, lo que recaerá, de nuevo, sobre la factura.

Incredulidad en el sector

El Gobierno tiene abiertos aún 27 laudos y en el Ministerio de Energía sospechan que el número irá creciendo con el paso de los días. Por ello estiman que la cifra que exigirán los demandantes crecerá hasta 7.000 o 8.000 millones de euros, 2.000 más de los previstos. Hay que matizar que no tendrían que pagar la cantidad total que están reclamando, sino lo que decidan las instituciones que llevan los arbitrajes (Ciadi, Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y Tribunal de París).
Un portavoz de la Fundación Renovables, lamenta que "la mala gestión de la reforma energética se cargue a los consumidores. En la ley de sector eléctrico de 2013 ya se aplicó a la luz y los costes se cargaban a los peajes. Después, en la ley 2014 se aplicó al sistema gasista. A partir de ahí, todos los problemas de mala gestión empresarial y política se cargan a los consumidores y estamos ante un nuevo caso en el que van a ser los consumidores los que paguen, porque los peajes de luz y de gas soportan todos los costes del sistema. Todo esto demuestra lo mal hecha que está la reforma energética".
Desde otro de los actores implicados, Anpier, (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), apuntan que "lo lógico sería que el dinero para pagar las indemnizaciones saliera de los Presupuestos Generales del Estado, porque es un problema que ha causado una decisión de la administración.
Además, lamenta que "los españoles vayamos a pagar a los inversores extranjeros desde el minuto uno, no como decía el BOE, que se comprometía a pagarles durante su vida regulatoria. La actuación del Gobierno ha sido tan nefasta que lo van a pagar todo de golpe".

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