http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/01/el-negocio-de-la-corrupcion-en-madrid-656-millones-bajo-sospecha/

Cada nuevo caso de corrupción pesa como una losa sobre el contribuyente. Y el madrileño tiene motivos para notar el escozor en el bolsillo. La operación Lezo ha servido para engrosar una factura que venía hinchada de antes y que investigan tanto tribunales como comisiones de investigación. PúnicaMercamadridGürtel… En toda la Comunidad la presunta malversación de fondos públicos asciende por estos casos a más de 656 millones de euros. 102 por cada uno de los 6,4 millones de madrileños.
Dentro del top del impacto en las arcas regionales figuran los más de 250 millones que habría amañado en contratos públicos la trama Púnica, liderada por el ex alcalde de Valdemoro y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación puso desde el principio sus ojos sobre esta cantidad, manejada a través de contratos adjudicados a empresas afines a cambio de comisiones y mordidas que eran posteriormente blanqueadas a través de entramados societarios. Investigaciones periodísticas posteriores han elevado esta cifra, incluso, por encima de los 500 millones de euros.
La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el mismo que instruye la operación Lezo, se lanzó el 27 de octubre de 2014 y se saldó con 51 detenidos y más de 90 investigados, con Granados y su ex socio David Marjaliza a la cabeza. El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid sigue a día de hoy en prisión preventiva por este caso, extendido especialmente a nivel municipal y con presencia, al menos, en 47 ayuntamientos de la región. No sólo en Valdemoro: también en Getafe, Leganés, Alcorcón, Alcalá de Henares, Aranjuez, Boadilla del Monte, Majadahonda, Alcobendas… También en la propia Comunidad.
Dentro del top del impacto en las arcas regionales figuran los más de 250 millones que habría amañado en contratos públicos la trama Púnica
La operativa de esta red, que surge con la llegada de Granados a la alcaldía y tras una reunión con los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid, era siempre la misma. Por un lado, Marjaliza detectaba a empresas, como la filial de la multinacional francesa GDF Cofely, dispuestas a pagar comisiones a cambio de adjudicaciones. Por otro, la red establecida al efecto adquiría suelo rústico que Granados posteriormente recalificaba como suelo urbano a cambio de mordidas por encima del 20%. Posteriormente, la trama seguía ingresando dinero por cada vivienda que se vendía en esos terrenos.
Las cifras de Púnica se reparten entre PP, PSOE e incluso Izquierda Unida y se matizan por su distribución territorial. Púnica también se extendió a Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Menos problemas hay para calcular lo que le han costado a la Comunidad de Madrid las diversas ramificaciones de la trama Gürtel: 289,2 millones de euros. Esta red, que acumula 37 encausados, nace en Castilla y León y entra en Madrid a través del Ayuntamiento de Majadahonda, donde las empresas de Francisco Correa, gracias a millonarias comisiones destinadas al entonces alcalde y hoy arrepentido, Guillermo Ortega, ingresaron casi 28 millones de euros a través de contratos amañados. Más modestos, pero igualmente considerables, fueron los cinco millones que la trama ingresó en Pozuelo de Alarcón, mientras era alcalde el ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, con quien después la red se permitió numerosas “atenciones”, como declaró en el juicio Correa: coches, fiestas, viajes y regalos de toda clase.
A partir de ahí, las empresas de Correa se hicieron fijas en la organización de actos para la Comunidad que presidía Esperanza Aguirre. Casi 10 millones ingresaron en contratos por este tipo de actos, una parte de los cuales revertía posteriormente en el partido como financiación ilegal, como han tratado de acreditar los investigadores durante la instrucción del caso.
Las diversas ramificaciones de la trama ‘Gürtel’ en la comunidad han costado 289,2 millones de euros
El gran pelotazo, no obstante, se produce durante la segunda parte del caso, el que investiga los hechos producidos entre los años 2006 y 2009. En ese tiempo, la red se instaló especialmente en Boadilla del Monte donde, con la ayuda de Arturo González Panero El Albondiguilla, Correa y sus acólitos consiguieron amañar 15 contratos por un valor total de cerca de 150 millones de euros. A su lado, palidecen los datos que la red distrajo del erario público en otros territorios: casi 64 millones en Castilla y León y cerca de 400.000 euros repartidos entre Estepona y Jerez de la Frontera.
El último quebranto para la Comunidad de Madrid (hasta el momento) es el denunciado la pasada semana por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga entre otros al hermano de Ignacio González, Pablo, y a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por su gestión en Mercamadrid. Estando al frente de ese organismo, Anticorrupción acusa a los gestores de haber acordado el pago de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves sin uso y sin ningún tipo de interés para la entidad, en unos terrenos por cuyo arrendamiento Mercamadrid no debía haber pagado, sino cobrado.
Este caso, llamativo, quedó sepultado durante la semana por la vorágine de la operación Lezo, que investiga el saqueo del Canal de Isabel II durante las últimas décadas. Y pone su foco, especialmente, en dos operaciones: las compras de las filiales latinoamericanas Inassa y Emissao. Por la primera, todavía en época de Alberto Ruiz-Gallardón, la Comunidad pagó a través del Canal cerca de 100 millones de euros cuando el valor mercantil de la compañía rondaba los 30. Por la brasileña Emissao, como ya ha informado El Independiente, el Canal pagó 21 millones de euros antes de que la empresa comenzara a devaluarse a pasos agigantados y terminase valiendo sólo cinco.
Esos 16 millones de desfase los aumentan aún más los grupos de la oposición, que cifran en más de 36 millones el agujero en las arcas públicas achacable a la compra de la filial brasileña de la gestión de aguas. Un saqueo, en suma, de al menos 106 millones de euros, sólo en el Canal, que podría aumentar significativamente a medida que avance la instrucción de la operación dirigida por el magistrado Eloy Velasco y que ha terminado, por el momento, con el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en prisión preventiva y forzando la dimisión de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid de Esperanza Aguirre.