miércoles, 10 de mayo de 2017

Estudiantes de ultraderecha piden tres años de cárcel para diez personas por "boicotear" una manifestación

http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/Estudiantes-ultraderecha-piden-anos-carcel_0_641486023.html

Suspendido en Sevilla el juicio por los disturbios entre Respuesta Estudiantil y movimientos antifascistas por la no citación de uno de los acusados
Las defensas piden apartar al sindicato como acusación particular, que pide la máxima pena por delitos de desórdenes públicos para cada uno de los procesados
Manifestantes en la protesta contra el sindicato Respuesta Estudiantil / Contrafoto21 bajo Licencia CC BY-NC-SA
Manifestantes en la protesta contra el sindicato Respuesta Estudiantil / CONTRAFOTO21 BAJO LICENCIA CC BY-NC-SA
La representación legal del sindicato de estudiantes Respuesta Estudiantil, ligado a grupos de extrema derecha, han solicitado este lunes tres años de cárcel por desórdenes públicos para diez acusados de trata de boicotear una manifestación convocada en Sevilla el 26 de octubre de 2013. La jueza ha acordado la suspensión de la vista oral hasta el próximo 24 de noviembre a instancias del fiscal y de dos de las defensas, que entienden que uno de los acusados no había sido citado convenientemente. El aplazamiento ha sido acordada para evitar indefensión en el acusado ausente
Respuesta Estudiantil ha matenido la petición de tres años de cárcel para los diez acusados por delitos de desórdenes públicos, de acuerdo al artículo 557 del Código Penal, que prevé penas de entre seis meses y tres años. Varias de las defensas se habían opuesto a la suspensión del juicio, la aplicación como atenuante de las dilaciones indebidas y han solicitado, paralelamente, apartar al sindicato como acusación particular por falta de legitimación pasiva o que, en su defecto, aclare si su participación en el procedimiento se corresponde a persona jurídica o física.
A nueve de los acusados la Fiscalía de Sevilla les atribuye un delito de desórdenes públicos y les pide 720 euros de multa. A uno de ellos se le imputa también un delito de atentado y una falta de lesiones, pidiéndole un año y medio de cárcel y 360 euros. Antes de la suspensión de la vista, el fiscal ha pedido que agentes de la Policía Nacional declaren como testigos protegidos, algo que ha despertado las quejas de varios de los abogados, argumentando que ello vulneraría derechos de la defensa y que esa es una cuestión que se prevé para organizaciones criminales o terroristas y no en un juicio donde, por lo general, la Fiscalía está pidiendo penas de multa.
El fiscal ha pedido también este lunes anular el auto de apetura de juicio oral, dictada en diciembre de 2014, algo que no ha acordado la jueza, para incluir la petición de la acusación particular. Acusados y testigos han sido emplazados al próximo 24 de noviembre para la celebración de la vista.

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