miércoles, 10 de mayo de 2017

La Fiscalía sospecha que González oculta su fortuna en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido

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Los fiscales Anticorrupción señalan que la investigación de la operación Lezo "ha acreditado que Ignacio González disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta".
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González GTRES
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mantiene un importante patrimonio oculto a la Justicia, procedente de la evasión de fondos públicos, que habría sido desviado presuntamente a través de un complejo entramado societario a paraísos fiscales.
Según se desprende del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco,  -oponiéndose a la excarcelación del exdirigente del Partido Popular (PP)-  González "dispone de una ingente cantidad de fondos públicos que en el momento actual no están controlados".
Los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez explican que las actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo en el caso Lezo"han traspasado fronteras" ya que existen indicios de la comisión de distintos delitos a través de las filiales de Inassa -la empresa del Canal de Isabel II que gestiona las sociedades en América Latina- en países como Brasil, Panamá o Colombia.
Anticorrupción explica que Inassa era una empresa pública -que estuvo bajo el paraguas de Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de González- que fue gestionada por los cabecillas de Lezo "como si de una empresa privada se tratase", ya que ésta fue utilizada para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II haciendo los investigados un "uso indiscriminado" de la misma. El Ministerio Público sospecha que esos fondos públicos desviados presuntamente por Ignacio González y Rodríguez Sobrino están escondidos en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido.
La Fiscalía sospecha que los imputados "proyectaban inversiones de capitales en distintos países, crearon sociedades con personas interpuestas y utilizaron fondos de inversión a través de los que pretendían pasear el dinero"
Vozpópuli  ya publicó el pasado 20 de abril que  los investigadores del caso Lezo sospechan que el expresidente González cobró comisiones millonarias a través de sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales. Sin embargo, dichas mercantiles pantalla no figuraban a nombre del exdirigente del Partido Popular sino de su hombre de confianza en Latinoamérica. 
En aras de acreditar estos hechos, y de averiguar el paradero de los fondos públicos desviados, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya ha cursado distintas Comisiones Rogatorias a países como Suiza, Panamá, Bélgica y Liechtenstein solicitando auxilio y colaboración judicial. De la investigación se desprende que sólo a través de la operación de compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de se desviaron 20 millones de euros de las arcas públicas.

Un nivel de vida "incompatible"

De la misma forma, los fiscales Anticorrupción señalan que la investigación de esta causa de corrupción "ha acreditado que Ignacio González disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta".  "En la misma línea la capacidad económica de la familia González es absolutamente incompatible con las inversiones que pretendían realizar", añaden Iáñez y García Cerdá.
Los miembros del Ministerio Público explican que, precisamente, una de las líneas de investigación en este procedimiento judicial es la referida a toda la actividad desplegada por el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y su entorno para el afloramiento de capitales. La Fiscalía sospecha que los imputados "proyectaban inversiones de capitales en distintos países, crearon sociedades con personas interpuestas y utilizaron fondos de inversión a través de los que pretendían pasear el dinero para luego invertirlo".
Por todos estos motivos, Anticorrupción se opone a la excarcelación de González. Los fiscales argumentan el alto riesgo de fuga existente y las altas posibilidades de reiteración delictiva y obstrucción de pruebas si el exdirigente del PP queda en libertad en estos momentos cuando la investigación está en curso y la Guardia Civil analiza todo el material incautado en los registros practicados los pasados 19 y 20 de abril.

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