En el capítulo 4 de transferencias corrientes de los Presupuestos del Congreso de los Diputados figura una partida de gasto de 950.000 euros bajo el epígrafe A familias e instituciones sin ánimo de lucro. Bajo esta denominación tan técnicamente rebuscada, se encuentra la subvención a la cafetería de la Cámara donde sus señorías pueden disfrutar de precios ajenos a la realidad del mercado. En el Senado no aparece esta partida, al menos de forma individualizada, ni tampoco es posible saber la de los bares de La Moncloa o de los ministerios e instituciones del Estado.
Un número importante de partidas de gasto están emboscadas y aparecen en una maraña genérica de conceptos y subconceptos que impiden conocer con profundidad su destino real. Y, pese a la eterna promesa de los distintos gobiernos de reducir o limitar el gasto improductivo, no deja de sorprender su permanencia y ningún partido plantea una reforma que modernice y haga transparente la estructura presupuestaria. En la mayoría de los casos son partidas que se vienen arrastrando desde hace más de 40 años, que no se revisan y actualizan, y que como mucho se modifican según los compromisos de gasto y déficit o incluso la proximidad electoral.
Ningún partido plantea una reforma que modernice y haga transparente la estructura presupuestaria
Llama la atención, por ejemplo, que para este año se hayan presupuestado casi 152 millones de euros para material de oficina, pese a la reforma de las administraciones públicas acometida, que pretendía reducir la burocracia y aumentar la participación ciudadana por vía electrónica. Las Cortes (Congreso y Senado) lideran este gasto con casi 32 millones y a la par se encuentra Hacienda y muy cerca Defensa.
Destacan también los casi 266 millones destinados a contratar seguridad privada. Son precisamente los ministerios con mayor número de efectivos uniformados los que más presupuesto destinan a la vigilancia privada. Así, mientras tienen en situación de reserva o prejubilación a más de 30.000 efectivos y polarizan los programas de empleo público, Interior se gastará 100 millones en seguridad y Defensa otros 20 millones.
El gasto de Presidencia, que se ocupa de la vigilancia del patrimonio del Estado, supera también los 20 millones, mientras que en la sección de Gastos en Diversos Ministerios figura una partida de casi 31 millones adjudicada a la dirección general de racionalización y centralización de la contratación del ministerio de Hacienda y Función Pública, que se dedica a la contratación y suministros de obras y servicios en los ministerios.
Buscando entre las distintas partidas aparece también que el Instituto Nacional de Artes Escénicas necesita una seguridad privada que costará más de 2,6 millones, y casi 700.000 euros la del Instituto de Cinematografía del ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Sobresale también el presupuesto de gastos sociales del personal público. Se trata de un coste ajeno a las prestaciones del mutualismo privado de que disponen los funcionarios. En muchos casos se asemeja a los de cualquier multinacional. Para 2017 se ha previsto más de 120 millones. Cerca de 45 millones corresponden al ministerio del Interior, casi 18 a Defensa y 11 millones a Exteriores. Aquí se incluyen los programas de acción social de cada departamento, según los ingresos del personal. En algunos casos incorporan ayudas para el transporte al lugar de trabajo, acceso a la vivienda,economatos y comedores, guarderías o subvenciones para actividades culturales, deportivas o recreativas.

Pensiones para los altos cargos

Los altos cargos salientes tienen asignados varios capítulos de gastos. El Tribunal Constitucional destina 124.000 euros para sus expresidentes así como 461.000 más en concepto de remuneraciones de transición de magistrados. El Consejo de Estado prevé 68.000 euros de indemnizaciones a expresidentes y 165.000 para exconsejeros. El ministerio de Presidencia tiene una dotación de 224.000 euros para los expresidentes de Gobierno, así como 111.000 euros más para indemnizaciones a ex miembros del Ejecutivo y otros 261.000 para ex secretarios de Estado.
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear consigna 142.000 euros para sus ex altos cargos. La sección de Clases Pasivas incorpora 2,1 millones para los 1.310 exministros y asimilados; y también otros 7,2 millones -ochenta años después de la guerra civil- para 18.000 miembros o familiares de la Guardia Mora de Franco, que pasó a formar parte de las fuerzas armadas reales marroquíes.
Los ministerios con mayor número de efectivos uniformados son los que más destinan a la vigilancia privada: 266 millones
También hay un corolario de indemnizaciones por jubilación en diversos ministerios. Entre ellos figuran los 18.000 euros a Hermandad de Jubilados del ministerio de Hacienda; los 142.000 del Patrimonio Nacional para el personal laboral; 325.000 euros en Fomento para Premios por jubilación al personal de este departamento; o 115.000 euros del ministerio de Educación para pensiones complementarias.Y la sección de las Relaciones Financieras con los Entes Territoriales incorpora 13,6 millones para la financiación del Estado del coste de jubilación anticipada de la policía autónoma vasca.
También llama la atención la incorporación, sin que se sepa su sentido, de numerosas partidas en el capítulo de activos financieros para préstamos A familias e instituciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas destina 135.200 euros, la Agencia Tributaria 733.000 y el CNI 282.000 euros.

Organizaciones políticas y monarquía

Con la instauración democrática, hace más de 40 años, fue necesario crear agentes sociales y partidos y dotarles presupuestariamente. Se han ido modificando a la baja las asignaciones directas en los últimos años, pero se mantiene o aumenta la financiación indirecta. En todo caso, convendría una revisión en profundidad y hacer más transparentes las partidas que se emboscan a lo largo de los casi 60.000 folios de los Presupuestos.
Aunque no aparece detalle alguno, el Congreso y el Senado acumulan casi 17 millones para financiar a los partidos políticos según su representación. A lo que habría que añadir el coste de sus asesores (personal de confianza) que abonan las cámaras a cargo del contribuyente (11,2 millones).
En Exteriores se ocultan 900.000 euros más para las fundaciones de los partidos con representación parlamentaria. En Interior aparecen 68,2 millones más para la financiación directa a los partidos. De ellos, 15,5 millones corresponden a subvenciones de gastos electorales, aunque para 2017 no se prevén convocatorias. El coste de este programa se eleva a más de 72,1 millones incluyendo al personal con que se dota la gestión. A estas cifras se añaden otros 2,7 millones para gastos de seguridad de los grupos políticos.
En Educación consta un millón más para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos “para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social”. Para misiones de observación electoral fuera de España, Exteriores habilita 133.00 euros.
Aunque se han ido modificando a la baja las asignaciones directas a los partidos, aumenta la financiación indirecta
En cuanto a la Casa Real, además de su presupuesto asignado de 7,8 millones, en Presidencia aparecen: seis millones más de apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado (gastos de personal); 300.000 euros para la Fundación Princesa de Asturias; 2,8 millones para “los gastos derivados de los bienes afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación”; y otros 408.000 euros más de “otras gratificaciones por actos de Estado”. No constan los costes de los servicios que prestan Defensa, Interior y Exteriores.

Apoyo a los agentes sociales

No sólo reciben financiación del Estado los sindicatos de clase. El manguerazo es amplio. Por ejemplo, en la letra pequeña de los gastos de Hacienda y Función Pública figuran 619.000 euros para “apoyo instrumental a la negociación colectiva” de los sindicatos en la Administración Central. Lo más curioso es que no existe negociación colectiva alguna, al menos en los últimos cinco años.
En Interior, las organizaciones sindicales de la Policía reciben 237.000 euros, más otros 23.000 por participar en los órganos consultivos. A la Asociación Profesional de la Guardia Civil se destinan 120.000 euros. Educación emplea 92.000 euros para la participación de los empleados públicos en la negociación colectiva en los centros docentes no universitarios y hay otros 20.000 para los sindicatos universitarios, así como 362.000 euros más para los sindicatos de la enseñanza privada “sostenida total o parcialmente con fondos públicos”.
En los gastos de Hacienda y Función Pública figuran 619.000 euros para “apoyo instrumental a la negociación colectiva”
Por su parte, Empleo destina tres millones para la representación de sindicatos y organizaciones empresariales en los órganos consultivos y 8,9 millones más para financiar a las centrales sindicales según sus resultados electorales. Indirectamente hay que añadir el gasto de 3,9 millones como inversión en el Patrimonio Sindical Acumulado y los más de siete millones que recibe para sus fines el Consejo Económico y Social (CES), organismo con representación sindical y patronal.
En concreto, las centrales y las organizaciones empresariales reciben directamente más de 1,2 millones por su participación en este organismo consultivo. También existe una partida de 1,5 millones para sufragar los gastos de funcionamiento de las organizaciones de autónomos, cooperativas y sociedades laborales. Además, este ministerio mantiene 39 millones para la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en la que intervienen los sindicatos y la patronal. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad subvenciona también a la CEOE directamente con 250.000 euros para el programa de liderazgo y promoción de las mujeres directivas.
Por su parte, Agricultura tiene previsto 2,5 millones para las organizaciones profesionales agrarias y 400.000 para los sindicatos de los trabajadores del sector agroalimentario. Y hay que sumar casi otro millón más para las organizaciones agrarias y profesionales para el programa de modulación de los riesgos en la producción.