La polémica ley mordaza impulsada por el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dejó en Aragón 7,7 millones de euros (7.735.478, concretamente) en multas tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su primer año y medio de vigencia. Son el fruto de 13.338 sanciones impuestas desde que comenzó a aplicarse esta ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, en julio del 2015, hasta diciembre del año pasado, según reflejan los datos que recientemente publicó Interior.
Entre estas sanciones, tanto en número como en ingresos, destacan de largo las relacionadas con el consumo y tenencia de drogas, que abarca esta norma siempre que no sea delito o falta –es decir, cuando no hay indicios de que se destine a traficar–, y que constituyen 9.171 multas (con 6 millones de euros) del total.
Teniendo esto en cuenta, la entrada en vigor de esta ley no habría sido tan negativa para la ciudadanía. Comparando años completos, omitiendo el 2015, en el que convivieron normas, en el 2014 (con la anterior ley, 1/1992, vigente) se impusieron 7.664 multas por tenencia y consumo público de drogas; en el 2016 fueron 4.761, es decir, bajaron alrededor de un 40% en dos años.
DIFÍCIL COMPARACIÓN / Pero es igualmente cierto que la recaudación fruto de las primeras no se puede comparar, ya que en los anteriores balances ministeriales no se recogía. Una de las protestas contra la nueva norma de los defensores de la normalización del cannabis era el incremento de las cuantías de las multas, desde una base de 100 euros hasta 300, y la media les da la razón; sale a 655 euros.
Pero la mayor contestación social que despertó esta ley fue en torno a la criminalización, precisamente, de las protestas. Por multar conductas antes no perseguidas (como rodear el Congreso o hacer fotos a los agentes), y por despenalizar algunos delitos. Algo que puede parecer beneficioso, pero que en realidad elimina la garantía del control jurídico y deja la sanción –salvo recurso– en manos de los agentes, con presunción de veracidad.
En el aspecto estricto de la seguridad ciudadana, el análisis en Aragón deja luces y sombras. El total de sanciones impuestas en los 18 meses fue de 3.182, con una recaudación de 1.046.753 euros, según las cifras de Interior. Y algunos de los apartados más polémicos, en Aragón, se han quedado en anécdota. Así, solo ha habido una sanción por uso no autorizado de imágenes de agentes (eso sí, de 650 euros) o dos por usar láseres contra ellos (a 250 euros cada una).
La mayor cantidad de sanciones y euros deriva del trato con las fuerzas de seguridad. Así, ha habido 1.442 multas por faltas de respeto a la autoridad (por 279.102 euros), 714 por resistencia y desobediencia, en la que se enmarca no entregar el DNI (con 431.597 euros) y 596 por desórdenes públicos, con 360.590 euros impuestos. Estas conductas ya se sancionaban anteriormente, aunque más por vía penal, y es difícil compararlas.
DISUASIÓN / Lo que sí que parece haber conseguido la ley es disuadir ciertos tipos de protesta. Así, solo ha habido seis sanciones en este periodo por obstrucción a los funcionarios, a una media de 609 euros. Aquí se enmarcaría la resistencia activa a un desahucio que, según reconocen los colectivos habituales, se ha reducido mucho con esta ley.
La norma mezcla las sanciones por ocupar inmuebles (okupación menos grave) y la vía pública sin licencia (el top manta), y en este ámbito conjunto se han impuesto 61 sanciones, a una media de 160 euros. En principio los manteros zaragozanos no estarían incluídos, ya que se rigen por ordenanza municipal.