sábado, 20 de mayo de 2017

La UCO investiga a todo el Gobierno de Gallardón de 2001: Cortés, Cobo, Calvo...

POR LA PRIMERA OPERACIÓN DEL CANAL EN SURAMÉRICA


La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la compra de la filial colombiana del Canal

Foto: De izq. a derecha y de arriba abajo: Ruiz-Gallardón, P. Martínez, C. Mayor Oreja, Cortés, Peral, Blázquez, Paz González, Echániz, Calvo, Cobo, Bravo y Moreno.
De izq. a derecha y de arriba abajo: Ruiz-Gallardón, P. Martínez, C. Mayor Oreja, Cortés, Peral, Blázquez, Paz González, Echániz, Calvo, Cobo, Bravo y Moreno.
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La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Suramérica. Como ya adelantó El Confidencial, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes diez veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.
Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso Lezo. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016 una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de Ignacio González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Pero faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la adquisición de Inassa (y por lo tanto que prescribieran algunos delitos) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.
En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los "marrones" a los que se refería era la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez Eloy Velasco ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".
El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de 2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho hombres. Se trata de Luis Eduardo CortésCarlos Mayor OrejaManuel CoboJuan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz GonzálezLuis PeralPedro CalvoAlicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. El juez también quiere saber quien formaba parte del consejo de administración del Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Ignacio González
Ignacio González
Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Según Canalda, que compareció el pasado 10 de mayo en la Asamblea de Madrid, tres valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el valor de Inassa en el año 2001. "No sé de donde ha salido que valía menos", señaló, recalcando que la operación se hizo con luz y taquígrafos y que fue aprobada por el consejo del Canal, por el consejo de Gobierno y por la Asamblea de Madrid.
La UCO ya tiene en su poder un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, que en abril de 2009 (por encargo del Gobierno de Ignacio González) elaboró un extenso informe analizando la compra que Gallardón había ejecutado ocho años antes. Este informe describe varias irregularidades de la operación. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se había constituido en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionado el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía.
Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). "La desinversión de Agbar habría estado motivada o al menos influenciada por una serie de actuaciones propiciadas por determinados directivos de Inassa, que podrían calificarse de desleales". El comprador de las acciones de Agbar fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España. Este proceso se encargó a la banca Rothschild, que se puso en contacto con distintas empresas españolas, como Unión FenosaIberdrolaUrbaser o Ferrovial, para ofrecerles las acciones de SAA en Inassa. No hubo ningún acuerdo y en mayo de 2001 SAA empezó a negociar con el Canal de Isabel II, que a su vez también buscó aliados para crear un consorcio y comprar Inassa. Se negoció con Acciona y Caja Madrid, pero dicho consorcio no fructifica porque hacer negocios en Colombia suponía entonces "un riesgo". El Canal también intenta convencer al BBVA y a Urbaser. Sin éxito. Al final el Canal se alía con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), y ambas crean una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Suramérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa el otro 25%.
Pedro Calvo, presidente del Canal en diciembre de 2001, y Alberto Ruiz-Gallardón.
Pedro Calvo, presidente del Canal en diciembre de 2001, y Alberto Ruiz-Gallardón.
El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decide que se haga a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). "No consta que el Canal pidiese asesoramiento externo para llevar a cabo la valoración de Inassa, sino que se limitó a llevar a cabo una valoración por personal interno del Canal", señala Cuatrecasas. El Consejo de Gobierno de la Comunidad había ratificado toda la operación el 29 de noviembre. "Las condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el comprador, no había ofertas competidoras".

A través de Panamá

"La estructura jurídica mediante la que se llevó a cabo la compra pudo haber resultado gravosa para Extensia desde el punto de vista fiscal. En lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa (una sociedad colombiana), lo cual hubiese supuesto que los vendedores hubieran tributado en ese país por la plusvalía generada, se adquirió una sociedad panameña (SAA), radicada en un paraíso fiscal, que de forma simultánea a la operación se liquidó". Cuatrecasas deja claró que el Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. "Dicha estructura se llevó a cabo en contra del consejo de Garriges&Andersen, despacho que emitió un informe de carácter fiscal en el que desaconsejaba llevar a cabo la operación de esta manera", concluye Cuatrecasas.
La compra de Inassa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad y el consejo de administración del Canal. "En ningún momento se aprobó que la operación se articularía a través de la adquisición de SAA. De dicha circunstancia podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes de Extensia que suscribieron el acuerdo de compraventa". Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación le costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.
El informe de Cuatrecasas exime en cierta medida al equipo que presidía Gallardón, ya que lo que finalmente hizo el Canal de Isabel II supuso una "desviación del acuerdo de Consejo de Gobierno, que ha dado lugar a que se produzca una infracción de las normas de patrimonio y administración institucional", ya que lo que se aprobó fue la compra del 75% de las acciones de Inassa, no la compra de SAA. Ya con Ignacio González en la presidencia madrileña, Canal Extensia siguió con las compras en Suramérica. En 2005, compró otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros.

Fricciones en Fiscalía

La investigación de esta operación provocó la primera fricción entre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, y los dos fiscales encargados del caso Lezo. La jefatura de Anticorrupción defendía que la compra de Inassa (ordenada por Gallardón) no podía vincularse con otras operaciones posteriores de Inassa (ya bajo la presidencia de Ignacio González), y que por tanto no podían estar bajo el paraguas del mismo sumario. De hecho, Moix quiso vetar registros vinculados a la compra de Inassa, lo que provocó la queja de los dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. Moix les trasladó su decisión primero verbalmente y luego por escrito, pero ambos se opusieron y pidieron el amparo del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros para que voten si la orden debe ser acatada.
Otro problema era la fecha. Transcurridos 16 años desde la compra de Inassa, Moix consideró que los presuntos hechos delictivos podrían estar prescritos. Las discrepancias surgen a la hora de fijar desde cuándo se debe calcular el plazo de prescripción, desde la firma de la compra, o desde el momento en que se dejó de pagar la operación.

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