viernes, 5 de mayo de 2017

Más de 87.000 familias son ‘ocupas’ en España por el “déficit” de vivienda social


Viviendas

Un estudio del Institut Cerdà exige la implicación de todos los agentes para resolver el problema aunque resalta que “solo una de cada cuatro ocupaciones ilegales son conflictivas”.

“Actualmente se estima que existen más de 87.500 familias ocupando viviendas en España, una cifra que equivale a 262.500 personas”, según desprende de un estudio realizado por el Institut Cerdà, que sostiene que el “principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado por el déficit de parque dedicado a vivienda social”, poniendo como ejemplo que “tan sólo en Cataluña, las necesidades de vivienda social se estiman en 230.000 unidades”.
Según el primer informe sobre este tema realizado por dicha fundación privada sobre que se titula ‘La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica...un problema que necesita solución’: la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y proliferan otros colectivos.
Tal y como explica el Institut Cerdá en su web “el principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado por el déficit de parque dedicado a vivienda social, por el hecho que desde el 2007 los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado un 76% en España y por la existencia de un parque de viviendas vacías, superior al medio millón. Lo que se refleja en que el número de desalojos de inmuebles por orden judicial se ha multiplicado por 2,25 desde 2008”.
La gestión del fenómeno de la ocupación es compleja y según se constata en el estudio del Institut Cerdà, es necesaria la involucración de todos los grupos de interés, entre ellos: administración (local y general), y ámbito legislativo, empresas de suministros al hogar, asociaciones y plataformas ciudadanas, propietarios, cuerpos de seguridad y estamento judicial.
Del estudio se concluye que las consecuencias de la ocupación ilegal suelen ser económicas pero también inciden muchas otras variables: sociales, culturales, de cohesión, físicas o estructurales. “De este modo, la falta de estabilidad y seguridad en la vivienda pueden ser fuente de situaciones de estrés y ansiedad. Además, el acceso a servicios públicos es difícil ante la falta de un título habilitante y se incrementan el riesgo de exclusión social y la estigmatización de las personas ocupantes.”
El estudio pone de relieve que las ocupaciones conflictivas, aunque solo suponen entre el 10 y el 25% del total, generan impactos en su entorno inmediato e incrementan factores como la inseguridad, el ruido, la actividad económica ilegal, el deterioro del entorno urbano y su mobiliario, el impacto sobre los comercios y negocios del entorno y la expulsión de los vecinos originarios.

Los inmuebles ocupados pierden valor

Los municipios entrevistados coindicen en que existe un impacto económico negativo cuando aparecen ocupantes de carácter problemático, de entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda. En el ámbito económico, se estima que la ocupación ilegal supone una pérdida de valor de los inmuebles ocupados de entre el 40 y el 60%.
Según Carlos Cabrera, director general del Institut Cerdà, “la ocupación ilegal, pese a haber sido una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad. Aunque la ocupación y sus soluciones son un fenómeno complejo, existe un amplio consenso en que la actual legislación no es efectiva y las posibles soluciones afectan a todos los agentes involucrados. Sin embargo, no existe el mismo consenso en cuáles son las causas ni las soluciones pero cualquier solución pasa por la concertación e implicación de todos los agentes”.
Esta es la primera vez que públicamente se pretende analizar los efectos y el alcance que el fenómeno de la ocupación ilegal tiene sobre las personas y ciudades. Los datos recopilados para el estudio han sido facilitados por ayuntamientos de Catalunya, la Comunidad de Madrid y otras zonas de España.

Conclusiones

El estudio deja claro en sus conclusiones que q el desarrollo de la ocupación se ha desarrollado como “alternativa” a una legislación ineficaz y unos procedimientos administrativos muy lentos. Y que las causas que han generado la crisis social de la vivienda y, en particular, la ocupación, no remitirán significativamente a corto plazo.
Se destaca que “la proliferación del fenómeno afecta al parque y políticas de vivienda y genera situaciones de agravio entre personas vulnerables. Destacando que “la ocupación produce efectos negativos a diversos niveles: sobre la propia persona, sobre la convivencia y sobre el entorno urbano”.
También se resalta que “la necesidad de vivienda para colectivos vulnerables está promoviendo la aparición de “soluciones alternativas fuera de la Ley que todos “los agentes convienen en que no son deseables”, haciendo notar que “la concentración de ocupación ilegal puede actuar como catalizador de procesos de degradación y segregación social de los barrios”.
Con el mensaje final de que “el problema de la ocupación ilegal no se va a resolver ni a mitigar por sí solo, ya que “si bien la ocupación ha podido ser una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad. Por lo que “cualquier solución (social, económica y jurídica) pasa por la concertación e implicación de todos los agentes”.

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