lunes, 22 de mayo de 2017

Panamá: El agua es un derecho, no una mercancía

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Por frenadeso
Quieren privatizar

22 Mayo, 2017

El agua es la esencia de la vida, es indispensable para la vida y la salud, y fundamental para la dignidad de toda persona.
El agua es un derecho humano básico. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos ‘a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico’. En 2006, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, aprobó las directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento En 2008, el Consejo de Derechos Humanos creó el mandato del ‘Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento’.
Sin embargo, en ciudad de Panamá y San Miguelito, casi 200 mil personas toman a diario agua sin ningún tipo de tratamiento, y más de 500 mil personas no disponen de ella. Cifras alarmantes, pero que no revelan la realidad, puesto que cientos de personas pobres que viven en asentamientos informales muchas veces no están contabilizadas en las estadísticas nacionales.
El suministro de agua vía acueducto (proporcionada principalmente por el Idaan), que garantiza un alto nivel de protección contra la contaminación, es cada vez más ineficiente, producto de las políticas públicas dirigidas a restar participación estatal y dejar en manos privadas el suministro. En este escenario es recurrente la ruptura de tuberías donde se desperdician miles de galones de agua potable, la interrupción del servicio por horas, la falta de mantenimiento adecuado a las potabilizadoras. Es una política exprofesa, dirigida a crear condiciones que justifiquen su privatización. Tácticas similares se utilizaron cuando se privatizaron los servicios de energía y telecomunicaciones, hoy la emplean para la educación, la salud y el agua, con el objetivo de desesperar a la población para que acepte las privatizaciones.
Recordar que en diversas ocasiones los grupos de poder económico, los Gobiernos y toda la partidocracia, han presentado propuestas en el sentido de externalizar el servicio. El Gobierno de Varela no es la excepción, a través de su partido aliado (Partido Popular), el diputado Juan Carlos Arango presentó ante la Asamblea Nacional un Proyecto (Proyecto Ley 396), so pretexto de reorganiza el Idaan. Es decir, todos siguen los dictámenes del Banco Mundial, el cual defiende la tesis de que la forma de aumentar la disponibilidad del agua es tratándola como una mercancía.
En este sentido, predomina la lógica neoliberal: el problema es exclusivamente de gestión, por tanto la solución es reformas legales/institucionales y nuevo actor administrador (empresa privada/descentralización neoliberal), la valoración es de mercado (relación costo/beneficio).
El proyecto que está en la Asamblea, es lesivo a los intereses de la población, en la medida que proyecta una metodología de tarifas que se fijarán conforme a tasas calculadas para cubrir los costos de operación, mantenimiento, rehabilitación, de acuerdo con una metodología preestablecida por la ASEP. De ser tercerizada la institución, recordar que la ASEP siempre ha jugado a favor de formas de cálculo que afectan a los usuarios y favorecen la empresa privada.
Lesiva para los trabajadores, pues atenta contra el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente, a negociar colectivamente y prohíbe la huelga, atenta contra la estabilidad laboral. Pero más grave resulta que esta norma, en su artículo 81, sugiere la ilegal facultad de reducir salarios y decidir sobre la estabilidad de los trabajadores.
Se deben tomar medidas urgentes que garanticen agua potable a todas las comunidades, en especial a las más pobres y apartadas. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua no es mercancía.
Articulo de Genaro López
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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