Una sentencia histórica obliga por primera vez en España a los fondos buitre que compraron viviendas de protección oficial VPO a las distintas administraciones en los peores años de la crisis (de 2012 a 2014) a mantener a los inquilinos. El fallo del Juzgado de Primera Instancia Número 43 de Madrid desestima la demanda de Fidere, filial del fondo buitre Blackstone, según la cual la filial pretendía desahuciar a siete familias en pleno centro de Madrid cuyas casas pertenecían a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) hasta que la ex alcaldesa Ana Botella decidió vendérselas a Fidere. Eran parte del lote de 1.860 viviendas traspasado a Blackstone por 128,5 millones de euros en el año 2013.
La sentencia del juzgado madrileño estipula que no ha lugar al desahucio porque cuando las viviendas fueron adquiridas en régimen de alquiler por las familias afectadas, las casas se regían -y por lo tanto continúan haciéndolo- por la normativa que regula las VPO. El fallo dice que la relación contractual del fondo con los inquilinos se sigue basando en el Decreto 100/1986 de la Comunidad de Madrid, el cual establece “un sistema de prórroga (…) de 15 años de arrendamiento” y transcurrido ese tiempo los inquilinos tendrán opción de compra.
Las viviendas a las que alude la sentencia en cuestión están ubicadas en la Calle Lope de Vega número 10 (en el gentrificado Barrio de Las Letras). Fidere pretendía expulsar a las familias para después obtener pingües beneficios con esos hogares, dada su privilegiada situación geográfica.
Benítez de Lugo y Mejías, durante la presentación de la sentencia sobre fondos buitre y VPO.
Benítez de Lugo y Mejías, durante la presentación de la sentencia sobre fondos buitre y VPO. P. G.
“La sentencia es un hito judicial que tendrá una trascendencia futura en España, porque establece una teoría general a partir del caso de unas familias afectadas”, ha proclamado en su despacho el abogado Manuel Benítez de Lugo, quien ha presentado el veredicto ante media docena de periodistas.
Le acompañaba Arancha Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta de vivienda pública EMVS y una de las caras visibles de la lucha de los inquilinos de VPO contra los fondos buitre. “Se trata de un varapalo brutal contra los ex gestores de la EMVS y contra la ex alcaldesa Ana Botella”, ha remachado Benítez de Lugo. El letrado ha deslizado también críticas contra la actual Corporación de Ahora Madrid, “más interesada en mirar para otro lado, y eso que al principio tuvimos una acogida favorable por parte de Manuela Carmena”.

El Ivima vendió a Goldman Sachs

La sentencia, según Benítez de Lugo y Arancha Mejías, es extensible a todos los conflictos similares entre fondos buitre e inquilinos porque “no se pierde en los detalles particulares”. También en 2013, la Comunidad de Madrid entonces presidida por el hoy reo Ignacio González vendió 2.935 viviendas por 201 millones de euros a Encasa Cibeles, la filial del fondo Goldman Sachs.
A mediados de 2016, un duro informe de la Cámara de Cuentas criticó que la venta de 1.860 viviendas de la EMVS por parte del Ayuntamiento de Madrid se había hecho “sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores”.