domingo, 25 de junio de 2017

60.000 euros, clientes y un sueldo: así se compra el voto de un edil de pueblo

CORISTANCO, GOBERNADO POR TERRA GALEGA


Un juez investiga el supuesto intento de soborno a una edil de Coristanco (A Coruña) para promover un cambio de alcalde a favor del PP

Foto: Ayuntamiento de Coristanco.
Ayuntamiento de Coristanco.
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Con sus 6.500 habitantes, Coristanco (A Coruña) nunca ha sido un pueblo políticamente tranquilo. La estabilidad de un gobierno municipal del PP que se prolongó durante 24 años tuvo como contrapartida una gestión polémica por la que están imputados su exalcalde Antonio Pensado, que gobernó la localidad durante seis mandatos consecutivos, y otras ocho personas, todas ellas concejales en distintos momentos del mismo partido. Los escándalos vuelven a sacudir al PP, en la oposición desde 2015, por un presunto intento de soborno a una concejal para forzar una moción de censura que devolviera a los populares al gobierno municipal.
La denuncia la presentó hace cuatro meses la edil Laura Tasende, aunque no ha sido hasta esta misma semana cuando la reveló públicamente. Un juez de la vecina localidad de Carballo, ante el que declarará Tasende el 18 de julio, ha abierto una investigación para esclarecer unas acusaciones de grueso calibre, y que de comprobarse ciertas darían una idea del elevado precio de una alcaldía como la de Coristanco. La concejal asegura que le ofrecieron 60.000 euros, una dedicación exclusiva del Ayuntamiento, clientes para su bufete de abogados y la cabeza de lista del PP para las próximas municipales. El PP lo niega y estudia querellarse en defensa de su honor.
Tasende es la mano derecha del alcalde de Coristanco, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (Tega), que en 2015 se hizo cargo de un Ayuntamiento en el que la deuda supera los tres millones de euros, más de 500 euros por vecino.Lo hizo con cinco concejales, uno menos que el PP, pero con el apoyo de PSOE y BNG sumaron un edil cada uno. Estos dos ediles han abandonado el gobierno municipal, pero su distancia ideológica del PP los descarta para una moción de censura. El escenario cambió este mismo mes de junio cuando otro miembro del grupo de Tega, la concejal Verónica Facal, dimitió de sus competencias y se pasó al grupo de no adscritos. Ha sido ese abandono el que ha llevado a Tasende a revelar la investigación judicial del presunto soborno.
Desde el entorno del alcalde sostienen que los contactos no se ciñen a Verónica Facal, sino que han sido varios los concejales “tanteados”
La edil no ha querido ofrecer más datos del supuesto soborno debido a que es “un asunto judicializado”, aunque apela a su obligación de poner en conocimiento del juzgado un asunto “que puede ser delictivo”. Sí ha trascendido que la supuesta propuesta fue realizada a través de un empleado que forma parte del cuadro de personal laboral y que se presentó “en nombre del PP”. Su oferta consistió en 60.000 euros “en metálico y negociables”, una dedicación exclusiva del Ayuntamiento hasta final de mandato, apoyo al despacho profesional de la edil, abogada de profesión, con cartera de clientes incluida, y la candidatura a la alcaldía por el PP en las municipales de 2019.
Desde el entorno del alcalde sostienen que los contactos no se ciñen a Verónica Facal, sino que han sido varios los concejales “tanteados”. Uno de ellos sería la titular de Servicios Sociales, Dolores Taibo, que, según publicó 'La Voz de Galicia', recibió una oferta en su propia casa, a la que le llevaron un maletín con dinero que no llegó a abrir al rechazar la oferta. Son acusaciones que han llevado al PP de Coristanco a plantearse una querella contra Terra Galega. El excalcalde Antonio Pensado afirmó que las acusaciones de Tasende son “una auténtica mentira” que no está dispuesto a “soportar”, por lo que, anunció, reunirá a su grupo municipal para decidir si presentan la demanda.
La relevancia de las acusaciones y el hecho de que estén siendo investigadas por un juez ha provocado que el caso de Coristanco trascienda la política local. La presidenta de la gestora del PSOE, Pilar Cancela, ha exigido aclaraciones al presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que reclama que explique públicamente “si respalda las prácticas de su partido en Coristanco”. Cancela se pregunta también “si ese es el 'modus operandi' de los populares en toda Galicia” y si ha puesto en marcha “más ofertas de este tipo para obtener el poder a cualquier precio”, lo que constituiría “un gravísimo ataque a la democracia”.
La secretaria de Organización del Partido Socialista de Galicia, Pilar Cancela. (EFE)
La secretaria de Organización del Partido Socialista de Galicia, Pilar Cancela. (EFE)
Cuando faltan menos de dos años para las próximas municipales, el PP ya ha recuperado la alcaldía de cinco ayuntamientos a través de mociones de censura, prepara otra en Tui (Pontevedra, 16.900 habitantes) y se ha hecho recientemente con la de Sanxenxo (Pontevedra, 17.300 habitantes), tras un polémico acuerdo con el alcalde, de un partido escindido del PP, por el que el popular Telmo Martín recuperó el bastón de mando.
Si la moción de censura no le permite recuperar antes la alcaldía que perdió en 2015, Antonio Pensado lo intentará de nuevo en las próximas municipales, después de haber recibido el respaldo público de la dirección provincial del PP de A Coruña, a través de su vicesecretario general de Organización, Evaristo Ben Otero. De las palabras de este dirigente popular no se descarta una moción de censura previa. “Como muy tarde en 2019, Antonio Pensado volverá a darle a este municipio el orden que se merece”, afirmó.
En este caso, al PP no parece afectarle la condición de imputado de Pensado, al que investiga una jueza por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y abuso de influencias. Junto a él, también están imputados cinco concejales de su último mandato y otros tres del anterior. Las investigaciones judiciales, iniciadas en una operación policial en febrero de 2014, avanzan en dos frentes. De un lado, las facturas de gasóleo C y de maquinaria industrial a precios “muy superiores del mercado” y la entrega “a familiares directos del alcalde” de material de obra facturado presuntamente al Ayuntamiento. Del otro, el suministro de material de obras por nueve empresas que facturan “importantes cuantías” al Ayuntamiento “sin que conste contrato de suministro ni esté claro su destino”. El auto judicial apunta otros supuestos delitos de prevaricación y abuso de influencias en los contratos de obras a favor de la empresa Alejandro Martínez e Hijos.

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