La Comisión Europea incluyó en sus últimas recomendaciones individualizadas a los Estados miembro un recado para España: No se está haciendo lo suficiente para atajar la proliferación de investigaciones por supuestos casos de corrupción. En aquel informe se hacía una velada referencia a procesos como la trama Gürtel, Lezo o la Púnica. Procesos que desde el Gobierno se han tratado como casos aislados.
Sin embargo, un nuevo documento de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) posiciona a España como el país en el que más posibles irregularidades se han detectado entre 2013 y 2016 en relación a los fondos estructurales –destinados a promover el desarrollo y la cohesión entre los Estado de la UE– y políticas agrícolas, cuya gestión recae en el Estado.
La OLAF, supeditada a la Comisión Europea aunque con una actuación independiente, tiene como misión detectar e investigar el fraude relacionado con los fondos europeos, así como en el tráfico de mercancías en el seno de la UE, e incluso dar con casos de corrupción entre los funcionarios de las instituciones europeas.
Sin ir más lejos, la OLAF investiga al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y a la exvicepresidenta del Ejecutivo comunitario Neelie Kroes en relación con el escándalo de los Papeles de Panamá por evasión fiscal a través de sociedades opacas, según Europa Press.
A partir de esas pesquisas, la organización realiza recomendaciones a las autoridades europeas y nacionales para llegar hasta el fondo de estos asuntos.
En su informe anual, correspondiente a las actuaciones realizadas durante el pasado año, la OLAF refleja una serie de ránkings en los que España no sale bien parada, especialmente en uno de ellos, el referido a los fondos estructurales y las políticas agrícolas, las dos áreas principales de la gestión compartida.
La OLAF sitúa a España como el país en el que se han detectado mayor número de irregularidades –constitutivas o no de fraude– entre 2013 y 2016, con un total de 9.766. La diferencia es significativa respecto a los siguientes países del ranking, Rumanía y Polonia, donde estos casos no superan los 5.000. A continuación se sitúan la República Checa (3.212), Italia (3.016) y el Reino Unido (2.610).
Irregularidades detectadas en el áreas de fondos estructurales yagricultura(2013-2016)9,7664,8573,2122,6101,7031,5051,0397267205803463272952392071931258072461Series 1EspañaRumaníaPoloniaRepública ChecaItaliaReino UnidoHungríaPortugalAlemaniaGreciaIrlandaFranciaLituaniaHolandaBulgariaLetoniaEstoniaBélgicaAustriaEsloveniaSueciaDinamarcaFinlandiaMaltaChipreCroaciaLuxemburgo05K10K15KOLAF
Sin embargo, si se atiende al número de procesos que han acabado en una emisión de recomendaciones la cosa cambia. Con muchos menos casos detectados, Rumanía se lleva el primer premio (99), por delante de Hungría (41), Bulgaria (38), Italia (15), Eslovaquia (14), Polonia (13) y Grecia (10). En el caso de España, solo en cinco ocasiones se ha ido más allá de las sospechas.
La OLAF también posiciona a España entre los países por irregularidades detectadas en el caso de lo que se denomina Traditional Own Resources (TOR), que incluye especialmente tasas aduaneras, entre 2013 y 2016. Al respecto, España se encuentra entre los cinco países con más casos revisados —principalmente por el comercio con países asiáticos— y con más recomendaciones emitidas.
Son un total de 1.402 irregularidades, que sitúan al país por detrás de Francia (1.484), Holanda (1.808), Reino Unido (4.177) y Alemania (7.316). De estos, el mayor número de recomendaciones se dio en Holanda (35), Reino Unido (31), Alemania (27), España (24) y Bélgica (23) e Italia (23).
Asimismo, en lo que se refiere a las investigaciones concluidas en relación al uso de los fondos europeos en manos, al menos en parte, de los Estados o las comunidades autónomas a lo largo del pasado año, el informe incluye a España en el grupo de países con 21 procesos, junto a Eslovenia o Austria. Sin embargo, indica que de estos casos pocos derivaron finalmente en recomendaciones.

Un ejemplo de fraude en el comercio

Para entender de qué forma trabaja la OLAF y cómo España se ve envuelta a menudo en casos de fraude en las aduanas, la organización relata un caso que se inicia en la República Checa y acaba en una empresa española. Ocurrió en 2016, cuando los investigadores de la OLAF se interesaron por una partida de rodamientos incautada en la frontera checa procedente de China.
Los investigadores se pusieron en contacto con las autoridades checas y alertaron a otros países, lo que dio sus frutos. Francia informaba poco después de la llegada de tres contenedores con 21 toneladas de los mismos rodamientos destinados a España. En un siguiente paso, las autoridades aduaneras españolas, junto a la OLAF, empezaron a vigilar a la empresa destinataria, a la que se le incautaron tres toneladas más y que resultó estar dedicada a comerciar de forma fraudulenta con este tipo de mercancía por todo el mundo.
Este caso es casi habitual en los controles aduaneros españoles, donde las mercancías que provienen de países asiáticos se miran con lupa. De ahí que el último plan de control aduanero de la Agencia Tributaria haya incluido entre sus objetivos prioritarios el control de los conocidos como bazares chinos.