El Gobierno quiere seguir manejando el recibo de luz. Y sigue dando la batalla ante la Comisión Europea a pesar de que desde hace meses existe una amenaza cierta de que Bruselas acabe denunciando a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europeapara que deje de ejercer el control directo que mantiene sobre parte de la factura eléctrica.
Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico al supervisor del sector –la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el caso español- como exige la normativa europea. La Comisión Europea y los Veintiocho trabajan ya en el cuarto paquete de medidas del sector energético europeo comunitario, pero aún no ha podido dar por cerrado el tercer paquete porque España no da su brazo a torcer y no cede las competencias.
La Comisión Europea amenaza con denunciar a España si no cede el control de los peajes eléctricos a la CNMC
Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía -hasta el año pasado lo hacía el Ministerio de Industria- sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituyen el precio de la propia electricidad (35%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (20%).
El Gobierno español se resiste a plegarse a los requerimientos de Bruselas y a las invectivas de la CNMC. Así que sigue sin tomar medidas para ceder la gestión de los peajes y defiende que el manejo de esa parte de la factura siga en manos del Ministerio.
Esta misma semana, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha vuelto a defender su polémica postura. “Nosotros interpretamos las directivas de manera diferente a la CNMC. La CNMC cree que las decisión de cómo repartimos las cargas del sistema eléctrico no tiene carácter político y que es sólo técnico. Pero nosotros creemos que tiene mucho que ver la política y que la decisión sobre los gastos debe tener una dirección política”, explicó Nadal, en el Congreso. “No estamos a favor de que esa parte del recibo quede desapoderada de lo que se decide en el Parlamento y de la política energética del Gobierno”.

En Bruselas, una de cal y otra de arena

Hace unos meses, el Gobierno parecía que estaba dispuesto a hacer concesiones para conseguir cerrar el expediente abierto por la Comisión Europea por incumplir la normativa. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, remitió el pasado noviembre una carta a Bruselas comprometiéndose a conceder más independencia a la CNMC en este campo.
El Ejecutivo proponía un sistema de “doble lectura” en el que la CNMC propondría los peajes, el Gobierno sería el encargado de fijarlos realmente y el supervisor daría posteriormente el visto bueno, aunque no sin explicar cómo se resolverían las discrepancias.
Nadal considera el control de esa parte de la factura un eje fundamental de la política energética
Esto es, el Gobierno estaría intentando cumplir con Bruselas dando una mayor participación en el proceso de fijación de los peajes energéticos al supervisor, pero teniendo el Ministerio la última palabra sobre cómo repartir el pago de los costes fijos del sistema, al considerar que se trata de una de las bases de la política energética del Ejecutivo.
Pese a estas aparentes concesiones, la Secretaría de Estado de Energía remitió al Consejo de Ministros de la Unión Europea hace justo un mes sus comentarios y sugerencias para una nueva directiva sobre el diseño del mercado energético en el que insistía en la necesidad de que el Gobierno tenga potestad directa en la fijación de los peajes eléctricos.
“La propuesta de directiva debería incluir la posibilidad de que los gobiernos y parlamentos, mediante leyes, dicten los objetivos de política energética y las orientaciones generales de las metodologías elaboradas por los reguladores nacionales”, sostiene en su escrito en el Gobierno.
“España está preocupada por ceder competencias a entes no democráticos”, dice Energía en una carta a Bruselas
“España está preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas, las cuales no responden ante los ciudadanos. “En este contexto, un sistema de doble llave sería posible para que el Gobierno pueda rechazar la propuesta del regulador si no cumple con los objetivos o para llevar la decisión del regulador al Parlamento”.
Por su parte, la CNMC también lucha para conseguir asumir las competencias directamente. El supervisor ha llegado a aprovechar la publicación de informes preceptivos sobre el sector para quejarse abiertamente contra la dilación del Gobierno en adoptar estas medidas. Y el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, incluso ha calificado el debate sobre la segregación del organismo como “cortina de humo” para ocultar que el Gobierno le ha quitado y otras competencias.

Cuatro años de investigación

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor, la CNMC, el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o, en efecto, al menos su metodología de cálculo. Pero en España el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente.
El año pasado la Comisión finalizó su larga investigación después de tres años y comunicó a Madrid la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva, en el que el Gobierno tenía derecho a presentar sus alegaciones.
La CNMC defiende que el control de la mitad del recibo eléctrico debe ser técnico y no político
Las aclaraciones aportadas por el Gobierno español no cambiaron el parecer de Bruselas, que se ha decidido por avanzar hacia el procedimiento con una opinión razonada afeando que el Gobierno haya usurpado competencias propias del regulador (y que antes de la reforma del anterior Gobierno del PP en España tenía la extinta Comisión Nacional de la Energía, integrada en la actual CNMC).
Sin embargo, el largo periodo en que el Gobierno estuvo en funciones por la convocatoria de unas segundas elecciones el pasado año ha venido retrasando el proceso abierto por Bruselas. Pero ahora la amenaza de que España acabe denunciada ante el Tribunal de la UE si el Gobierno vuelve a estar sobre la mesa.
La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz. Que en España la cuantía y el reparto de los peajes dependa exclusivamente del Gobierno ha hecho posible, por ejemplo, que el Ejecutivo utilizara el superávit del sistema eléctrico de los últimos años para aplicar rebajas de los peajes en año electoral. De hecho, el propio ministro Nadal ha subrayado en repetidas ocasiones su compromiso de mantener congelados los peajes durante toda la actual legislatura.