El Tribunal Constitucional ha avalado el copago sanitario impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy hace cinco años al considerar que “es una medida racional” para evitar la quiebra de la seguridad social. Esta decisión ha sido adoptada en una sentencia en la que rechaza un recurso presentado por el Gobierno vasco contra esta tasa que también fue recurrida por Cataluña y Canarias.
La sentencia cuenta con el voto particular de los cuatro jueces que integran el bloque progresista de este tribunal. Y en ella se justifica la medida aprobada cuando la ministra de Sanidad era Ana Mato porque se adoptó “para hacer frente a una conyuntura excepcional”.
Los jueces consideran que este copago sanitario estaba justificado “pues el sistema sanitario público se encuentra desde hace años sometido a un importante déficit que hace peligrar su viabilidad”.

Mismos derechos y prestaciones

Además, el tribunal apoya que esta medida fuera adoptada por el Gobierno central para garantizar “que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y acceso a las mismas prestaciones independientemente del territorio en el que vivan”.
Por ello, los jueces avalan que el Estado haya establecido una cartera común básica de prestaciones que incluyen los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Dichos servicios estarán cubiertos completamente por la sanidad pública y los ciudadanos no tienen que pagar por ellos.

La tasa

Por el contrario, el Gobierno ha creado una cartera común suplementaria que recoge las prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y dietoterápicas y el transporte sanitario y que son los que paga el ciudadano.
Los magistrados consideran que este copago guarda relación “directa con la situación de urgencia derivada de las dificultades por las que atraviesa el sistema sanitario público”. Y considera que esta tasa “persigue la racionalización y reducción de los gastos que se financian” con cargo a la seguridad social.
Por ello, los togados consideran que esta “aportación del usuario” se relaciona con “la sostenibilidad económica del sistema” que tiene por objeto “garantizar la protección de la salud de los ciudadanos”.
El TC rechaza que la implantación de esta tasa en todo el territorio nacional vulnere las competencias de las comunidades autónomas que tienen delegada la sanidad.

La justificación

Los jueces sostienen que esta tasa está “justificada”, ya que “tiene una incidencia central” y es un “elemento nuclear” que debe ser “regulado de manera uniforme” para garantizar “el mínimo común de prestaciones sanitarias” en todo el territorio nacional.
Los pensionistas y los enfermos crónicos también deber hacer frente a esta tasa en función de su nivel de renta. Y las Comunidades Autónomas les devuelven el dinero que pagan de más cada mes. Además, el Gobierno vasco ayuda a estas personas para hacer frente a este copago y ha anunciado que piensa seguir haciéndolo a pesar de este fallo del TC.