lunes, 19 de junio de 2017

La Junta de Andalucía acosa de nuevo al testigo protegido que destapó el fraude de los cursos de formación

http://kaosenlared.net/la-junta-andalucia-acosa-nuevo-al-testigo-protegido-destapo-fraude-los-cursos-formacion/

Por Kaos. Andalucía
Sigue el acoso de la Junta de Andalucía contra el empleado que relató ante la juez Ayala, antes de que fuera relevada, las irregularidades cometidas en los cursos de formación subvencionados por la Junta con casi 3000 millones de euros durante 10 años. 
Sigue el acoso de la Junta de Andalucía contra el empleado que relató ante la juez Ayala, antes de que fuera relevada, las irregularidades cometidas en los cursos de formación subvencionados por la Junta con casi 3000 millones de euros durante 10 años. 

La Junta ‘acosa’ otra vez al testigo protegido de los cursos

La ofensiva de la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, contra el funcionario que relató ante la juez Alaya un sinfín de irregularidades en los cursos de formación subvencionados con casi 3.000 millones de euros durante una década, no cesa.
El empleado público, al que la juez Alaya concedió la categoría de «testigo protegido» precisamente en respuesta a las presiones y amenazas que sufrió tras destapar el fraude, lleva desde el pasado mes de enero sin claves informáticas para poder hacer su trabajo como jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO), según denuncia el funcionario en numerosos escritos a los que tuvo acceso EL MUNDO y que han sido remitidos a varios altos cargos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Este episodio se une a la denuncia que hizo este funcionario el pasado diciembre ante el Parlamento andaluz para que lo amparase, después de que la Delegación Territorial de Economía y Empleo de la Junta en Sevilla fuera, poco a poco, vaciando de competencias el departamento que dirige, hasta tal punto de que de los 45 técnicos que llegó a tener a su cargo le quedaban menos de diez. Esta denuncia desencadenó una gran bronca política en la Cámara andaluza, ya que no llegó a sus destinatarios y fue eliminada del registro.
Lo más grave del nuevo episodio de acoso es que el testigo protegido no es el único empleado público sin claves informáticas y sin poder hacer su trabajo de control y verificación de los cursos de formación que la Junta de Andalucía trata de poner en marcha tras permanecer más de cinco años paralizados precisamente por el escándalo.
La propia Susana Díaz admitió en el Parlamento andaluz el 8 de octubre de 2015 que dio la orden de mantener la paralización de los cursos ante las sospechas de un presunto fraude que investigan varios juzgados. Esta paralización ha provocado que Andalucía pierda al menos 800 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.

Todo el departamento, parado

Según las denuncias que el testigo protegido ha presentado ante sus superiores, a las que tuvo acceso este diario, todo el departamento entero de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO) está sin claves informáticas. En total son ocho empleados públicos.
«Cansado y aburrido de solicitarle a mi jefe de servicio de Formación Profesional para el Empleo (FPE) las claves de las distintas aplicaciones y herramientas informáticas sin obtener resultado alguno, lo puse en su conocimiento mediante escrito de fecha de registro 10/5/2017. Sin obtener al día de hoy noticia alguna respecto a lo solicitado», expone en el escrito remitido al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, Juan Borrego Romero, el pasado 5 de junio.
Tras llevar meses pidiendo las claves, el funcionario pide «con urgencia que se facilite al departamento de Gestión de FPO las claves solicitadas y, en caso negativo, exijo que se me dé por escrito la intención de mis superiores de que el departamento de Gestión de FPO no trabaje para poder actuar en consecuencia».
En el documento, el testigo protegido relata que los ocho empleados públicos que forman parte de su departamento están sin claves informáticas desde el pasado 11 de enero, cuando el servicio de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se trasladó desde la sede de la Delegación de Educación en la Ronda del Tamarguillo de Sevilla al edificio de Los Bermejales, también en la capital hispalense.
Curiosamente, ante el desbarajuste que había en los expedientes de ayudas para la formación que custodiaba la Junta, el ex interventor general del Gobierno andaluz, durante su declaración ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento sobre este asunto, recurrió a una frase coloquial que se usa en el ámbito administrativo y dijo que, cada vez que hay un trasvase de competencias y trasiego de papeles y mudanzas de una oficina a otra de la Junta, se produce «un pequeño incendio». Fue cuando la diputada de Izquierda Unida Elena Cortés dio un respingo y proclamó: «¡Pero si esto es el coloso en llamas!».
En el caso del testigo protegido y todo su departamento, la mudanza ha servido para privarles de las claves informáticas y mantenerlos casi de brazos cruzados sin poder fiscalizar las tareas que tienen encomendadas relacionadas con los cursos de formación.
El funcionario de la Junta ha enviado al menos cinco escritos a sus superiores pidiendo las claves informáticas para poder trabajar. El pasado 22 de mayo se dirigió al director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García, y a la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio.

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