sábado, 10 de junio de 2017

LA SANIDAD PÚBLICO-PRIVADA DE CATALUNYA

https://sabadellglobal.wordpress.com/2017/06/06/la-sanidad-publico-privada-de-catalunya/

Juan Antonio Gómez Liébana
Juan Antonio Gómez Liébana, coordinador del libro “Se vende sanidad pública” y miembro de la Coordinadora Anti-Privatización de la Salud de Madrid. / Álex Sotillos
En Sabadell, Antoni Comín, actual conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya, ha dejado caer el concierto que tenía el hospital público Parc Taulí con la multinacional privada Quirónsalud que derivaba a pacientes públicos al Hospital Quirónsalud del Vallés. Además, ha empezado a negociar con la misma compañía la compra del Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallés).
¿Qué modelo sanitario tiene Catalunya? ¿Existe alguna alternativa mejor? ¿Está Catalunya en proceso de desprivatización?
El modelo de gestión sanitaria catalán es mixto. El CatSalut, institución que pertenece al Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya, controla la red de hospitales de la comunidad autónoma, el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT), que está compuesta por hospitales y clínicas de propiedad pública y privada. Cualquier persona con tarjeta sanitaria puede ser atendido gratuitamente en estos centros independientemente de su titularidad.
En el SISCAT, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), el mayor ente de Catalunya totalmente público tanto en propiedad como en gestión, controla el 77% de la actividad de atención primaria y sólo el 25% de la gestión hospitalaria (8 de los hospitales más importantes de Catalunya). Las demás entidades que dominan el sistema sanitario catalán son consorcios, empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro.
Nos encontramos ante una red hospitalaria en la que, desde que se traspasaron las competencias de sanidad del Ministerio de Salud a la Generalitat, las grandes multinacionales como Quirónsalud, recientemente adquirida por la empresa alemana Fresenius Helios, se han ido internacionalizando y han ganado peso dentro del modelo catalán, quedándose con una parte cada vez mayor de los recursos públicos que gestiona el Catsalut destinados a la sanidad.
Alba Vergés, presidenta de la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya, opina que “nuestro sistema sanitario es una referencia para muchos países. Hay un consenso para no cambiar el marco jurídico que nos hemos establecido, porque da muy buenos resultados y no hay nada que envidiar a otros modelos sanitarios”. Vergés afirma que la existencia de un modelo sanitario mixto responde a “la voluntad de aprovechar lo que ya tiene el país dada su historia y su propia iniciativa social y ponerlo al servicio público”.
Sin embargo Antoni Barbarà, médico jubilado y miembro fundador de Marea Blanca de Catalunya, tiene otra opinión: “Catalunya está en la cabeza del ranking de corrupción sanitaria en España. En su momento, atendí a periodistas que venían a estudiar el sistema catalán por la excelencia de resultados con los pocos recursos que se utilizaban y han regresado años después para ver cómo en tan poco tiempo hemos acabado con aquel sistema que funcionaba tan bien”.
Alba Vergés
Alba Vergés, presidenta de la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya. / Juntspelsi.cat

Discrepancias sobre el modelo mixto

Ramon Serna, colaborador del grupo de trabajo de sanidad de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y ex enfermero del Hospital Trueta de Girona, critica que no se ha hecho ningún informe sobre la eficiencia de la sanidad privada. Sin embargo, remarca, “todo apunta a que la privada es menos eficiente que la pública, porque está demostrado que con menos dinero no se puede dar un servicio de más calidad”.
Una auxiliar de una clínica privada de Blanes (Girona) explica que la única ventaja que tiene la sanidad privada frente a la pública es la rapidez con la que atienden a sus pacientes, “al día siguiente” de pedir hora, pero, afirma, cuentan con los mismos profesionales que la Seguridad Social.
Serna explica que las clínicas y los hospitales privados, por encima de todo, “quieren ganar dinero y, para ello, muchas veces bajan los salarios de los trabajadores, compran materiales de peor calidad y, si son empresas multinacionales, tienen descuentos por unidad al realizar compras más grandes”. Sin ir más lejos, señala el ejemplo de la Región Sanitaria de Girona, donde antiguamente “el transporte lo gestionaba una empresa privada local que tenía unos beneficios del 7%. Ahora las empresas multinacionales que contrata el CatSalut en esta zona obtienen el doble de beneficios, un 14% e incluso más”. Finalmente, defiende que “lo que se gasta en la sanidad pública es lo que se acaba invirtiendo”, mientras que, critica, “la administración paga a las empresas a las que externaliza servicios tanto o más que ocupándose ella misma de dichas prestaciones, porque ha de pagar por el servicio ofrecido y costear, a su vez, los grandes salarios de los altos directivos”.
Ramon Serna
Ramon Serna, colaborador del grupo de trabajo de sanidad de la CUP. / Álex Sotillos
El doctor del hospital público Parc Taulí, Jorge Serrano, considera que el servicio dentro de un hospital privado no tiene porque ser malo. Precisamente un factor decisivo son los empleados que trabajan en él. Concretamente en Sabadell, durante el concierto entre el Hospital Taulí con el hospital Quirónsalud del Vallés, un número determinado de médicos bajo contrato público trabajaron en la clínica privada para hacer operaciones quirúrgicas muy concretas, como juanetes, cataratas o prótesis de cadera y rodilla. En total se hicieron aproximadamente unas 4.500 operaciones, que permitieron que el hospital público redujera las listas de espera.
Sin embargo, Antoni Barbarà nos explica que “el coste diferencial del concierto entre Quirónsalud del Vallés y el Taulí estaba entre 300 y 1.000€ por operación. Es decir, por cada pase de cataratas, aquella clínica, a la que el Taulí le mandaba pacientes y cirujanos, ganaba  tres veces más de lo que en principio costaba”.
Según Barbarà, las listas de espera se convierten en “packs industriales que consisten en coger paquetes de patologías (juanetes, cataratas, prótesis de rodilla…) y venderlos a un centro privado que parece que esté ayudando a resolver un problema de la sanidad pública, lo que supone una perversión añadida”.
El pack de asistencia que tenía el Hospital Quirónsalud del Vallés incluía la atención quirúrgica y la primera visita postquirúrgica. Los demás problemas los resolvía el Taulí para que salieran las cuentas. Esta clínica ya no trabaja para lo público y el personal será absorbido en los dos centros de referencia que son los de Terrassa y Sabadell”.
A Juan Quirós, paciente del Parc Taulí desde hace 30 años, le aplazaron una intervención quirúrgica por falta de personal una vez ya había ingresado en la sala de quirófanos. Cree que todo el dinero que se destina a la sanidad debería recaer en el servicio público, para evitar la carencia de médicos, enfermeras o el cierre de plantas de hospitales: “El Taulí tiene dos plantas cerradas y las urgencias están colapsadas. Si hubiera recursos, estas plantas estarían abiertas y la gente no se quedaría en los pasillos”. Quirós defiende que el dinero que tendría que invertir la Generalitat en sanidad se lo está gastando en asuntos de su interés y está empobreciendo la sanidad pública para que, cuando llegue el momento, sea cada vez más precaria hasta privatizarla del todo.
Según el doctor del hospital público Parc Taulí, Jorge Serrano, “evidentemente se han podido operar más pacientes y probablemente con la misma calidad, porque los trabajadores son igual de experimentados en el Taulí que en Quirónsalud del Vallés”. Además, muchos médicos que trabajan en la pública compatibilizan su empleo en los hospitales públicos con consultas privadas. Serrano es uno de esos casos: “a todo el mundo le gusta tener su propio método de trabajo y sus clientes particulares, pero no neguemos tampoco el beneficio económico que supone, ya que el salario actual de un médico da risa”.
El problema salarial tiene que ver con la titularidad pública y la privada. La auxiliar de la clínica privada blandense aclara que “normalmente en las clínicas privadas se cobra poco. En su centro el salario medio es de 1.000 euros mensuales y en un hospital público se cobran unos 1.300 al mes, sin sumar las guardias, que suponen un suplemento extra”.
Sin embargo, los hospitales públicos tampoco son garantía de unas condiciones laborales justas. Hasta el año pasado, la tensión de los empleados del Taulí era bastante elevada debido a un problema con las pagas . Los trabajadores del hospital habían dejado de cobrar oarte de las pagas de 2012, 2013 y 2014, incluidas las pagas extras de Navidad.
Joan Martí, actual director del Hospital Parc Taulí, argumenta que el problema era que la empresa no podía pagar a los trabajadores por la reducción de los ingresos, por ese motivo “llegamos a un pacto con el comité de empresa, por lo tanto, con los trabajadores. Decidimos no despedir a nadie a cambio de poder renunciar a parte de las pagas por un periodo de tiempo. El mismo pacto aseguraba reincorporar ese dinero en el momento adecuado hasta el 2018”. Ahora con la devolución de una gran parte de las pagas extra, según el Dr. Jorge Serrano, en el Taulí se respira una “paz social relativa”.
Por su parte, el director Joan Martí está de acuerdo con la sanidad privada porque considera adecuada una pluralidad de servicios para el ciudadano, pero se debe priorizar la garantía de una buena sanidad pública.
En opinión de Arcadi Oliveres, economista de gran renombre en Catalunya, la sanidad privada no es más eficiente que la pública. “En el ámbito público muchas veces hay mala administración, pero eso sucede en todos los sitios. Mientras tanto, el servicio privado es mucho más caro y tampoco se puede calcular con exactitud la eficiencia que tiene”, asegura Oliveres. La sanidad pública, añade, está “hecha para todos”, aunque “hay mucha gente se desentiende de la pública y cuando tiene problemas acude a mutuas o directamente a la privada”, especialmente en temas como la cirugía o las consulta a dentistas, la sanidad privada está por delante de la pública.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En 1981 el gobierno central transfiere la mayoría de las competencias a la Generalitat de Catalunya. Ramon Serna recuerda que la Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol “puso en marcha el modelo de gestión sanitaria actual desde un punto de vista neoliberal, es decir, mediante la extracción de fondos de las arcas públicas para transferirlas al sector privado. No desnacionalizaron más deprisa porque los ciudadanos protestaban contra estas políticas”.
Gómez Liébana apunta que en el seno del PSUC existió un debate sobre la nacionalización de los centros privatizados y su centralización en el ICS, pero “al final se impuso el discurso de que había que mantener un sistema sanitario mixto, lo que posibilitó que el sector privado se desarrollara libremente en Catalunya”.
En 1990, con CiU en el poder, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya (LOSC) y se creó el CatSalut. Serna explica que, con la LOSC “el proyecto de privatización se consolidó”, ya que “permitió al CatSalut comprar servicios a empresas privadas, creando una red de centros sanitarios concertados, financiados con dinero público y gestionados por empresas privadas”. Dos ejemplos de hospitales concertados de este tipo son el de Vic (Barcelona) y el de Móra d’Ebre (Tarragona). En la comarca del Vallés Occidental se formó el Consorcio Sanitario de Terrassa. Finalmente, según Gómez Liébana, la aprobación de la Ley 15/1997 a nivel estatal contribuyó de forma definitiva a la implantación del proceso privatizador catalán.
Entre 2003 y 2010, el tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA con Marina Geli como consellera de Salud, critica el miembro del grupo de trabajo de sanidad de la CUP, “permitió la continuidad del modelo sanitario mixto. El PSC gobernaba en muchos ayuntamientos y prefería tener consorcios en los que muchas veces mandaba”.
Convergència i Unió ha sido el principal baluarte del modelo de gestión sanitaria catalana. El conseller convergente más reciente, Boi Ruiz, aclara Serna, “era totalmente favorable a la privatización, aunque lo negara. Anunció sus intenciones antes de ostentar el cargo y cuando ya estaba en el poder. Previamente defendía que se tenía que cobrar un copago a los ciudadanos para hacer uso de las ambulancias para ir a los centros sanitarios y la Generalitat debía dejar de ofrecer comida en los hospitales. Cuando fue conseller recomendó que contratáramos mutuas y derivó todo lo que pudo de lo público a lo privado: recortó los presupuestos de los centros públicos y contrató los servicios de empresas privadas para derivar a los usuarios públicos a hospitales privados”. Desde 2010 hasta 2015, el CatSalut invirtió un 12% menos en el Parc Taulí y aumentó un 15% la inversión en IDCsalud, actual Quirónsalud.

Modelo 100% público

Ramon Serna defiende que “la sanidad ha de ser 100% pública. La Generalitat de Catalunya debe controlar la totalidad de la gestión de las actuales entidades concertadas para dar un servicio de mayor calidad”. Cree que, “mientras se esté caminando hacia este modelo, los convenios laborales de los trabajadores de los hospitales concertados y públicos tendrían que ser iguales, ya que ambos reciben financiación de la administración. Además, se debe fomentar la participación de la ciudadanía en la sanidad pública, creando una especie de AMPAs en el sistema sanitario como las que hay en el educativo. Es decir, a parte del gobierno municipal, tendrían que participar las asociaciones de vecinos, de enfermos, etc. Por último, todas las cuentas y los consejos de gobierno de las entidades sanitarias tienen que ser públicos, como lo son los plenos de los ayuntamientos”.
Otro factor para mejorar el modelo público es un control eficaz del gasto. Un caso particular son las prótesis, dónde el Dr. Jorge Serrano demanda una estandarización de los productos de compra para ahorrar recursos en los hospitales públicos. Esto se conseguiría mediante concursos públicos donde las prótesis serían valoradas por equipos de expertos.
Jorge Serrano
Jorge Serrano ha sido ex presidente del comité de empresa del Hospital Taulí. / Javier Méndez
Sin embargo, el director del Hospital Taulí, Joan Martí, considera que no está demostrado que la concentración del servicio sanitario sea mejor que el modelo actual: “el hecho de tener junto el sistema no lo hace más eficiente. Además, hay un estudio de la Universidad de Granada donde los datos determinan que el modelo de gestión catalán da hospitales de mayor eficiencia”. Martí añade que “la homogeneización de compra de productos puede funcionar en algunas cosas, pero en el caso de las prótesis cada paciente tiene necesidades diferentes y la tendencia futura será la fabricación de prótesis especializadas”. Además muchos concursos donde se ha apostado por esa homogeneización de prótesis no han demostrado ser más baratos. En cambio, existen otros productos en los que si se hace posible las compras conjuntas, como por ejemplo, los marcapasos o las suturas que el Hospital Taulí adquiere con ayuda del ICS.
Serrano y Martí coinciden en el mantenimiento de un modelo público de calidad  y  que sea  gestionado de forma eficiente.

¿Catalunya en proceso de desprivatización?

El gobierno de Junts pel Sí, presidido por Carles Puigdemont, ha dado los primeros pasos hacia la desprivatización, gracias a las presiones de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), partido anticapitalista e independentista con 10 diputados en Parlament de Catalunya.
En Sabadell, Antoni Comín, actual conseller de Salud, ha acabado con el concierto que tenía el Parc Taulí con el Quirónsalud del Vallés para derivar usuarios públicos a dicha clínica privada y ha empezado las negociaciones para comprar el Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallés).
Comín y su equipo siguen defendiendo el modelo sanitario catalán. Alba Vergés, presidenta de la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya, considera que el modelo es una referencia para muchos países y que “siempre hay cosas a mejorar, pero a veces no tienen que ver exclusivamente con el sistema sanitario, sino con todas las políticas sociales y económicas que se ponen en práctica”. Vergés admite que “se podría decidir tener un modelo 100% público, pero nunca ha habido consenso en Catalunya para conseguirlo: lo ha habido para integrarlo todo dentro de una red pública, el SISCAT, sin necesidad de comprar los hospitales”.
Este sistema integrado público, universal y equitativo que defiende Vergés obliga a los gestores públicos del sistema a “exigir el cumplimiento en lo que a servicio a la gente se refiere tengas la titularidad que tengas. Estamos hablando de servicios públicos gestionados por titularidades diversas. Por eso, no solo exigiremos la calidad propia del servicio sanitario, sino también transparencia y rendir cuentas cuando se provean estos servicios públicos para saber si se está gestionando bien o no ese dinero público”.
En el caso de la compra del Hospital General de Catalunya, Vergés se muestra optimista ante el proceso de negociaciones con Quirónsalud: “las informaciones que tenemos parecen indicar que las negociaciones avanzan de forma positiva y que la empresa se lo está pensando”.
Para el Dr. Jorge Serrano, la compra del Hospital General de Catalunya supone un problema para Sabadell: “se podrían haber ahorrado mucho más recursos comprando Quirónsalud del Vallés por 5 millones en vez de adquirir el Hospital General de Catalunya por 50 millones”. Esto ha ocurrido debido a que el CatSalut “quiere un centro sanitario que les solucione el problema del hospital necesario en la zona de Rubí  y otro que les solucione el colapso en los centros de Cerdanyola del Vallés y Ripollet”. En definitiva, se podría ahorrar la construcción de dos hospitales comprando solo uno. Serrano explica que “el Taulí solo necesita camas y quirófanos, recursos que posee el Quirónsalud del Vallès”.
Serna critica que el actual conseller de Salud podría hacer mucho más desde hoy mismo: “la participación privada de los consorcios puede ser absorbida. Hay que tener en cuenta que la Generalitat tiene más del 50% de la propiedad de la mayoría de los consorcios, con lo cual se puede integrar al CatSalut dicha participación privada para gestionar los hospitales directamente desde la administración pública”.
El colaborador del grupo de trabajo de sanidad de la CUP alerta que el mayor problema es que “el Partit Demòcrata Català (PDeCAT) no deja tomar estas medidas a Antoni Comín” y cree que “lo más probable es que este cambio radical lo lleve a cabo un futuro tripartito de izquierdas de ERC, los Comunes y la CUP, sea en una Catalunya independiente o no”.
Asimismo, Antoni Barbarà define al actual conseller de Sanitat de forma muy crítica, diciendo que “Toni Comín es en algunos aspectos mucho más peligroso que Boi Ruiz, su predecesor en el cargo, porque utiliza un discurso seductor, pero vacío”.

Puertas giratorias y corrupción

La corrupción, es decir, la connivencia entre el poder político y el económico en pro de unos intereses comunes en detrimento de las clases populares, se ha convertido en el pan nuestro de cada día.
Quizás, una de los conceptos que más claramente muestran estas prácticas sea el de “puertas Giratorias”. Básicamente este concepto apunta a los favores que empresas hacen a políticos y otros altos cargos de la administración pública como puestos, extraordinariamente bien remunerados, en sus consejos de administración.
Para Rosa SBD y Andreu Sánchez, activistas e investigadores pertenecientes al 15-M de Sabadell, uno de los casos paradigmáticos con respecto a las puertas giratorias y la connivencia de intereses personales, políticos y privados es el de Marina Geli.
Según los activistas, “en 2005, gracias a las presiones de organizaciones sociales que denunciaron que la zona contaba con la mitad de camas en comparación con el resto de Catalunya, Geli termina afirmando que se debería construir un nuevo hospital público en Montcada: el Ernest Lluch. El ayuntamiento de Montcada cedió los terrenos de la antigua fábrica de Redosa para que se pudiese llegar a construir dicho hospital. Se pagó a unos arquitectos que lo diseñaran, pero ese hospital público nunca llegó”.
“Donde hay negocio sí que se invierte, como por ejemplo en la restauración del Hospital Quirónsalud del Vallés, para la que posteriormente Marina Geli promete derivar del Parc Taulí entre 3.500 y 4.000 pacientes al año, con la excusa de descongestionar el último, pero en realidad se hizo para vender la antigua clínica a Quirónsalud”, aclaran.
Todo esto, explican, no se hubiese podido llevar a cabo sin que Geli, justo antes de plegar como consejera de sanidad, le dejara la cama bien hecha a su sustituto, Boi Ruiz, mediante una modificación del SISCAT que permite que hayan empresas privadas dentro de la bolsa de servicios que el CatSalut puede contratar: “Geli primero les hizo la cama, ha estado un tiempo fuera de juego y ahora la ha fichado la empresa farmacéutica Abbot”.
Marea Blanca de Catalunya, como explica Barbarà, siempre ha defendido que poner a Boi Ruiz en el Departament de Salut era “como poner al lobo al cuidado de las ovejas”, porque fue el presidente de la patronal de la sanidad privada.

El imparable desarrollo de la privatización en España

La aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 supuso la instauración de un nuevo Sistema Nacional de Salud, que sería el primer sistema sanitario español de cobertura universal. Según Juan Antonio Gómez Liébana, miembro de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad de Madrid, el gobierno de Felipe González empezó a decir que el sistema era insostenible a partir de 1991, mediante el Informe Abril-Martorell. Gómez Liébana asegura que dicho informe “establecía una serie de puntos para introducir en la sanidad la gestión privada, que se consideraba más eficiente que la pública, y se fue aplicando pese a que se dijo que no lo harían y nunca fue aprobado por el Congreso de los Diputados”.
En 1997 se modificó la Ley General de Sanidad a través de la Ley 15/1997, que estableció que los centros sanitarios podrían ser gestionados por cualquier empresa privada. Tras la aprobación de esta ley, se importó un modelo de privatización que consistía en mantener las partes del sistema no rentables a hospitales públicos, privatizar las rentables y empujar a la clase media hacia los seguros privados mediante el deterioro del sistema sanitario.
Este modelo de privatización, importado de Gran Bretaña y Canadá, consistió en abrir hospitales que serían gestionados íntegramente por empresas privadas durante 20 o 30 años. Se empezó a implantar en la Comunidad Valenciana –con el pionero Hospital de Alzira en 1999 y otros cuatro hospitales más– y en la Comunidad de Madrid a partir de 2004. Gómez Liébana afirma que “estos hospitales son mucho más caros de construir y mantener” y denuncia que los seguros privados han aumentado de forma notable en la última década: “en Madrid tenemos un 33% de habitantes con seguros privados, cuando en 2004 se registraba un 12%, y en Catalunya el porcentaje es de un 29%. Estas dos cifras son las más elevadas dentro de España”.
Otro ejemplo de los procesos de privatización en España es la aparición de las denominadas Unidades de Gestión Clínica (UGC) en lugares como Andalucía o las catorce Entidades de Base Asociativa (EBA) que hay en Catalunya. Gómez Liébana denuncia que “se trata de introducir criterios mercantiles en el acto clínico a través de la retribución de unos incentivos para los médicos, según si cumplen o no los objetivos fijados por la administración, que son de reducción del gasto que puede hacer el paciente”. Dichas retribuciones van de 7.000€ a 14.000€ al año en Andalucía.
Los médicos pueden poner en marcha múltiples estrategias para lograr una retribución cuantiosa: reducir las derivaciones que hace el médico de familia especializada, el gasto en farmacia y el número de pruebas o tener al paciente pocos días ingresado y darle el alta cuanto antes. Gómez Liébana asegura que “este sistema es muy peligroso, porque los médicos ven al paciente como un enemigo y no como una persona que viene a pedir ayuda”. Estas UGC de Andalucía o EBA de Catalunya están formadas, según Gómez Liébana, por “médicos que han montado una empresa que gestionan ellos mismos para repartirse la parte que reducen del gasto” y se están extendiendo por todo el estado “independientemente de quién gobierne en cada Comunidad Autónoma”.

¿Cómo se está luchando contra la privatización en España?

Aunque parezca mentira, la privatización de la sanidad en España no ha topado con un movimiento social fuerte que la contrarrestara durante todos estos años. Gómez Liébana afirma que tras la aprobación de la Ley 15/1997 –gracias a los votos a favor del PNV, Coalición Canaria, CiU, PSOE y PP– no existió ninguna coordinación de usuarios y profesionales a nivel estatal para frenar el proceso. Su organización, la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid, surgió en 2004 cuando empezaron los procesos de privatización en la comunidad madrileña y logró organizar movilizaciones de hasta 40.000 usuarios, además de recoger medio millón de firmas para derogar la Ley 15/1997 en 2009.
En 2012, cuando en Madrid ya se habían abierto 11 hospitales privados, empezaron a surgir las denominadas Mareas Blancas, de las que Gómez Liébana se muestra crítico: “surgieron cuando se aprueba un plan con medidas que reducen sueldos de médicos y tocan sus privilegios. Entre 2004 y 2012 los sanitarios de Madrid no se movieron y lo empezaron a hacer cuando los hospitales ya estaban privatizados para los próximos 30 años”. Además, Gómez Liébana afirma que el discurso de estos movimientos es “totalmente abstracto”, ya que pretende montar un movimiento transversal que englobe tanto a votantes del PP insatisfechos como a gente de izquierda mediante un discurso muy general, basado en el lema ‘La sanidad no se vende, se defiende’, algo que según Gómez Liébana “no tiene sentido porque la sanidad ya estaba privatizada para 30 años y lo que había que pedir era la derogación de la Ley 15/1997, pero eso ponía el dedo en la llaga al PSOE, a otras comisiones que apoyaron la ley y a otra gente que estuvo callada durante todo el proceso de privatización”.
Cinco años más tarde, las movilizaciones de las Mareas Blancas que se extendieron por todo el estado han decaído de forma innegable. En ese sentido, Gómez Liébana asegura que “transferir la sanidad a las comunidades autónomas en los años 80 generó que se crearan sistemas sanitarios muy diferentes con problemas muy distintos”, haciendo que la privatización haya avanzado más en unos sitios que en otros y dificultando la unión entre ciudadanos de todo el estado. Además, afirma que “si las Mareas se limitan a mensajes genéricos no conseguirán nada porque no hay objetivos claros”.
Entonces, ¿cuáles tienen que ser los pasos a seguir para frenar la privatización? La derogación de la Ley 15/1997 es obligatoria, según Gómez Liébana, para “que no se sigan abriendo más centros privados con dinero público”. Además, se debe derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que permite a los hospitales públicos que no pueden dar abasto la opción de contratar una parte de actividad a centros privados. Gómez Liébana también apuesta por estudiar “qué hospitales privados creados con fondos públicos son susceptibles de volver al sistema público” y  “garantizar mediante leyes el acceso a todos los datos económicos y de actividad del sistema sanitario para conocer en qué se gastan nuestro dinero y evitar la mala gestión”.

Panorama internacional

El modelo neoliberal impuesto en Europa durante los años 80 empezó a privatizar los sistemas de salud universales que se habían desarrollado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El modelo británico, instaurado en 1948, fue el pionero en este ámbito. Según indica el economista Arcadi Oliveres, el neoliberalismo se comenzó a instaurar desde 1945 hasta la década de los años 80 en países nórdicos, pero a partir de los 80 países como Gran Bretaña o Estados Unidos comenzaron a aplicar esta política económica, que se caracterizaba por el abandono de sectores como el de la sanidad, la vivienda, la educación o las pensiones.
A partir de los años 90, tras la caída del Muro de Berlín, se empezó a poner en práctica un nuevo modelo de privatización en los países del este, que se convertiría en el más común en Europa. Según Juan Antonio Gómez Liébana, miembro de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid, este modelo consistía en privatizar las partes rentables de los sistemas sanitarios y empujar a gran parte de la población a contratar seguros privados, lo que conforma un sistema sanitario de mala calidad y con largas listas de espera.
El proceso de privatización se ha ejecutado a diferentes ritmos: mientras que los países nórdicos han tenido menos proyectos de privatización, los países del mediterráneo son los que más han desmantelado sus sistemas dentro de Europa. Gómez Liébana cita a Grecia e Italia como los dos países en los que las empresas privadas se han apoderado de los sistemas sanitarios prácticamente en su totalidad.
El caso de Grecia, precisamente, es el más llamativo. El gobierno griego aprobó hace unos años la Ley Loverdos, que establecía que todos aquellos ciudadanos que lleven más de un año en el paro pierden el derecho a la asistencia sanitaria integral y, por tanto, se veían obligados a realizar un copago de 5 euros en caso de necesitar acceso a la urgencia hospitalaria. Un paciente crónico que esté en el paro no podía, de esta forma, acceder a los centros de salud. Este copago, no obstante, fue derogado por Alexis Tsipras al llegar al poder. En esos años se generó una bolsa de casi tres millones de personas sin asistencia sanitaria integral que propició que se organizaran pequeños centros de salud autogestionados en unos 50 puntos de Grecia, que otorgaban asistencia a este sector de la población. Hubo unos 50.000 despidos de personal médico, de las cuales se han recuperado 1.000 con la llegada de Tsipras al poder.
Llegados a este punto, es obligado preguntarse si existe algún país con un sistema sanitario 100% público. En Europa, el desmantelamiento sistemático de los sistemas sanitarios durante las últimas décadas dificulta la existencia de modelos públicos. Gran Bretaña, país referencia por su pionero sistema de salud universal, ha pasado de un modelo muy potente a un modelo que está en gran parte deteriorado tras las medidas privatizadoras de corte neoliberal implementadas por Thatcher o Blair en sus respectivos mandatos. En países como Francia o Alemania, la presencia de empresas privadas en la sanidad es cada vez mayor, mientras que los países nórdicos, que tenían un sistema público parecido al británico, han seguido la dinámica general del viejo continente y también han dejado entrar empresas privadas. Quizás el único ejemplo de un país con un sistema sanitario completamente público sea Cuba, del que Gómez Liébana afirma que “ha conseguido mantener un modelo 100% público sin intervención de empresas privadas y que tiene resultados muy superiores a los de Estados Unidos pese a todos los condicionantes que ha habido en esa zona”.

Conclusiones

La pieza clave es el tipo de gestión que hace cada hospital, independientemente su titularidad. Todas las fuentes, tanto las que defienden el modelo mixto, como las que creen que deberíamos de dirigirnos a un modelo 100% público, coinciden en que debe haber un modelo sanitario público eficiente.
La sanidad privada es más ineficiente que la pública, porque al existir ánimo de lucro, los costes son más altos en la primera que en la segunda. Por ello, creemos que la administración debe controlar la totalidad de la gestión de los centros sanitarios de utilidad pública. La sanidad privada puede y debe existir, pero sin ser financiada con fondos públicos.
Hemos observado que existe una peligrosa tendencia a privatizar los sistemas sanitarios a nivel autonómico, estatal y europeo desde los años 80. Este afán privatizador ha introducido a las empresas privadas, más interesadas en generar beneficios que en lo que debería ser prioritario: ofrecer servicios sanitarios de calidad a la población.
En Catalunya se han dado pequeños avances de cara a desprivatizar la sanidad e intentar construir un modelo sanitario lo más público posible, pero todavía queda mucho por hacer. La compra de hospitales o la rescisión de contratos con empresas privadas puede tener cierto efecto positivo de forma puntual, pero no supone una amenaza contundente a la gestión privada de los servicios públicos.
Por otro lado, es evidente que falta un movimiento social fuerte que luche contra los procesos de privatización a nivel autonómico y estatal. Fortalecer la resistencia a este proceso y concienciar a la población del peligro que supone dejar la sanidad en manos privadas es absolutamente necesario para preservar un mínimo de calidad en nuestro sistema sanitario. Si no se logra paralizar la privatización de la sanidad, la amenaza de terminar con un modelo sanitario parecido al de los Estados Unidos es cada vez mayor.
Para finalizar, la última de las claves para entender todas estas dinámicas descansa sobre un pilar fundamental. La raíz del mal que asola la sanidad pública no se encuentra ni en los vicios de la administración ni en los recortes supuestamente necesarios como consecuencia de la crisis económica. Estos argumentos tan solo representan mecanismos​ que permiten parasitar el sistema público de sanidad con el consentimiento de una opinión pública manipulada.
El motivo fundamental lo encontramos en los intereses de los sectores económico-financieros en transfusionar fondos públicos, procedentes de los impuestos, a los bolsillos de las empresas privadas con la complicidad de los políticos que o proceden directamente del sector privado o que luego son premiados con cargos, acompañados de altas remuneraciones, en los consejos de administración de las empresas para las que han legislado en su beneficio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario