jueves, 1 de junio de 2017

Manuel Moix, una catarata de polémicas en menos de 100 días

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/06/01/manuel-moix-pol%E9micas-100-dias/00031496298754090328174.htm

La acusación de poner trabas a la investigación de la operación Lezo, el relevo de los fiscales del caso 3 % y su polémica sociedad en Panamá acabaron de minar la reputación del fiscal jefe Anticorrupción

 
La revelación de que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moixposee el 25% de una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Panamá se ha convertido en un escándalo definitivo para su futuro, a pesar de que su trayectoria en el cargo, de menos de tres meses, ha estado en entredicho casi desde el principio.
A los críticos ya les resultó sospechosa su designación en febrero al ser único de entre los siete candidatos sin experiencia alguna en Anticorrupción y al haberse significado como defensor de los populares en varias iniciativas que tomó como fiscal superior de Madrid, entre los años 2003 y 2015, cuando pasó al Supremo. Sin embargo, el Fiscal General, José Manuel Maza, lo impuso al frente de una fiscalía tan sensible como es Anticorrupción.
Estas son algunas de sus actuaciones más controvertidas:
Operación Lezo. Poco después de su nombramiento, hace tan solo 87 días, ya llegó la primera polémica. Al estallar la operación Lezo, que supuso el encarcelamiento de Ignacio González por la supuesta malversación de fondos del Canal de Isabel II, varios de sus subordinados le acusaron de haber intentado poner trabas a escuchas relacionadas con el expresidente de Madrid o de vetar registros de empresas, supuestamente implicadas en el saqueo de la compañía de aguas de la Comunidad de Madrid. Ante la negativa de los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Iáñez, a que no se realizaran estos registros, Moix tuvo que presentar la orden por escrito, con el aval del fiscal general del Estado. Para dirimir el conflicto, los fiscales acudieron a la Junta de fiscales Anticorrupción, que les dio la razón, por una aplastante mayoría de 21 votos a favor frente a 2 en contra (uno de ellos del propio Moix).
A Moix también se le censuró por intentar apartar a Carlos Iañez de la investigación tras una bronca que acabó en una junta de fiscales, a pesar de que Anticorrupción aseguró que el Fiscal General renovó a Iañez a petición de Moix.
Los pinchazos a Ignacio González también desvelaron la esperanza que tenía en el nombramiento de Moix, al que consideraba favorable a las tesis del PP y del que confiaba que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático. Así lo desveló en una conversación, tres meses anterior a la designación de Moix, que mantuvo con el expresidente valenciano y exministroEduardo Zaplana. El expresidente de Madrid llegó a asegurar que sería «cojonudo» tenerlo en Anticorrupción.
Apartar a los fiscales del 3%. Otra polémica se levantó a cuenta del caso del 3 % de Convergència y de la decisión de Manuel Moix de cambiar a los fiscales que investigaban la supuesta financiación irregular del partido, José Grinda y Fernando Bermejo. La versión oficial fue que el relevo obedecía «a razones operativas y prácticas», ya que los fiscales viven en Madrid y el caso se lleva en El Vendrell (Tarragona). Sin embargo, algunas fuentes apuntaron a que el motivo del relevo estaba en las diferencias que mantiene Moix con Grinda y Bermejo, que pudieron llevar al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a decidir relevarlos antes de que los fiscales invoquen el artículo 27, el mismo al que se acogieron los responsables de la operación Lezo. Al parecer, Moix los instaba a «dar más caña» y ser «más drásticos» en las medidas contra los dirigentes nacionalistas.
A José Grinda y Fernando Bermejo y a otro fiscal les abrió Moix después una investigación interna por supuestas coacciones a un testigo del caso Pujol.
Reprobación en el Congreso. En una iniciativa que no tuvo carácter vinculante pero sí alto contenido político, porque supuso una derrota parlamentaria de un Gobierno en minoría, el Congreso reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general, José Manuel Maza, y al propio Manuel Moix con el apoyo de toda la oposición. A los tres los acusaron de obstaculizar la acción de la Justicia en los casos de corrupción del PP.
Sociedad en Panamá. Las explicaciones que ha dado Manuel Moix sobre la sociedad patrimonial en la que participa en un 25 % y que es propietaria de la residencia de sus padres en la sierra de Madrid han acabado de poner al fiscal jefe Anticorrupción en el ojo del huracán. Moix dijo en un primer momento que se enteró de la existencia de la sociedad offshore tras la muerte de su padre en el 2011, pero, según informó ayer el diario digital Infolibre, había participado «a principios de los años noventa» en un pleito con la empresa constructora del chalé. 
El fiscal, a la vista de la evolución de los acontecimientos, comenzó a recular en su versión inicial y aunque insistió en que no ha cometido ilegalidad alguna, aceptó que debía haber informado al fiscal general de su participación en la sociedad panameña. Moix considera que no tenía la obligación de dar cuenta ni al fiscal general ni a la inspección de la Fiscalía de que tenía el 25 % de la compañía heredada de sus padres porque no tenía actividad alguna. Pero el estatuto fiscal prohíbe a los miembros de la carrera «el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil».

Polémicas como fiscal superior de Madrid, entre los años 2003 y 2015 

Antes de su designación como fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix también cosechó críticas y amplios titulares en los medios tras unalarga lista de polémicas intervenciones durante su mandato como fiscal superior de Madrid.
Espionaje en Madrid. En el año 2009 se descubrió que Francisco Granados, entonces consejero de Interior de Madrid, había encargado espiar a sus rivales en el Gobierno autonómico. Moix quiso pasar por alto el caso, y declaró entonces que «la labor de un detective no es delito». Después de ser tres veces archivada y otras tantas reabierta, la causa fue desestimada.
Persecución al 15M. A finales del 2011, Manuel Moix fue vehemente en su condena a los manifestantes del 15M. «Es un delito ocupar ilegalmente una vía pública porque quiero, por mi voluntad […]. Ha habido una tolerancia mal entendida» y una «simpatía hacia el infractor».
Caso Madrid Arena. Tras la tragedia en la que cinco adolescentes murieron durante la celebración de una fiesta de Halloween en Madrid, el fiscal desestimó la imputación de todos los cargos del Ayuntamiento de Madrid presuntamente implicados en la falta de medidas de seguridad. Finalmente, el Ayuntamiento fue considerado responsable civil subsidiario y dos cargos de seguridad fueron condenados.
Escrache a Sáenz de Santamaría. En abril del 2014, miembros de la Plataforma Antidesahucios se manifestaron delante del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno. Moix recurrió el archivo de la denuncia reclamando que se procesara a los manifestantes por los delitos de coacciones, manifestación ilícita, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad. La jueza desestimó esta petición y recriminó al fiscal que acusara de delitos sin base jurídica.
El incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. En ese mismo mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid protagonizó una persecución policial después de aparcar con su coche en zona prohibida y derribar la moto de uno de los agentes que intentaban identificarla. En la denuncia se la acusaba de un delito de desobediencia a la autoridad. Moix no vio desobediencia y pidió que se la acusara de una falta. El caso se archivó.
Caso BlesaManuel Moix fue el responsable de la querella contra el juez Elpidio Silva por prevaricación e impedimentos a la defensa efectiva de Miguel Blesa, procesado por el caso de las tarjetas black. Silva fue condenado a 17 años de inhabilitación. El fiscal no vio indicios de delito en los miles de correos electrónicos que demostraban las evasiones tributarias en Caja Madrid, pero sí observó «encaje penal» en la difusión de esos mensajes en la prensa.
Caso Bankia. En abril del 2015, el fiscal ordenó el registro del domicilio y la detención de Rodrigo Rato por alzamiento de bienes y otros delitos. Moix se saltó el procedimiento, porque la investigación correspondía a la Fiscalía Anticorrupción. Tras el arresto, solicitó que Rato no ingresara en prisión. El juez que veía la causa desestimó esta petición. Esta fue su última polémica desde la Fiscalía madrileña.

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