lunes, 12 de junio de 2017

Montoro desprecia la Constitución


La dureza y el alcance de esta sentencia es que este gobierno cumple la Constitución cuando quiere, y lo hace con todos los instrumentos disponibles: una pléyade de abogados del Estado al servicio del fraude fiscal.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE
http://www.vozpopuli.com/economista_ciudadano/Montoro-desprecia-Constitucion_7_1034666525.html

En un momento particularmente delicado para los que, supuestamente, defienden la Constitución, al menos de boquilla, el alto Tribunal ha dictado una sentencia demoledora que rompe el halo de defensores de la legalidad al ejecutivo actual. El Gobierno de Rajoy, por ser un órgano colegiado, es el último responsable de haber violado el artículo 31 de la Carta Magna mediante el RDL 12/2012 de 30 de marzo, es decir aquel artículo que garantiza el equilibrio de las cargas fiscales entre los ciudadanos en función de su capacidad económica.
El Tribunal Constitucional reprocha el sentido anticonstitucional de la amnistía fiscal de Montoro.
Esta sentencia, inaudita si se tiene en cuenta la cantidad de Abogados del Estado que se sientan en el Consejo de Ministros, y los que están fuera asesorando, marca una tacha incuestionable en este ejecutivo y da la razón a quienes llevan tiempo denunciando la connivencia del ejecutivo con grandes defraudadores, muchos de ellos encausados y otros líderes en patriotismo empresarial y familiar.
La sentencia reprocha al ejecutivo la defensa de los defraudadores y no del interés general a la hora de sufragar el gasto público
Lo que más debería irritar a la ciudadanía es que el tratamiento fiscal de Montoro hacia este grupo de fortunas ocultas y el resto de contribuyentes es completamente asimétrico. El primer engaño empieza por el léxico. El ministro, no así otros miembros del ejecutivo, nunca reconoció que el acuerdo de supuesta regularización fiscal era una amnistía en toda regla. Es más, en su primera redacción (con un tipo del 10%) no satisfizo a este colectivo de patriotas y por ello los grandes despachos fiscalistas negociaron con el ejecutivo y lograron bajar el tipo impositivo al 3%, dejando la inspección fiscal solo para los intereses no declarados de los últimos 4 años, liberando a los delincuentes más antiguos. Es decir, una norma hecha en función de los intereses de los defraudadores, casi igual que los miles de requerimientos que recibimos el resto de contribuyentes diariamente, y que nunca tendremos la capacidad de influencia en el ejecutivo, como los tienen estos grandes defraudadores, con la inestimable ayuda de los grandes despachos fiscalistas, al frente de los cuales hay mucho Inspector de Hacienda en excedencia.
El RDL 12/2012 fue modificado por expreso deseo de los defraudadores para acogerse a él.
Una vez que se diseñó el mecanismo de perdón, y acotamiento del espacio temporal del delito, el gobierno se encargó de venderlo como un ejercicio imprescindible para poder navegar en las procelosas aguas de aquellos días, en los que la prima de riesgo rondaba los 700pb. Era una forma de ingresar dinero rápido y sin hundir aún más a las clases medias y trabajadoras, algo que también se hizo vía incremento del IVA y del IRPF. Eso sí, negando que fuese una subida de impuestos en toda regla, lo mismo que negaron la amnistía fiscal. Pero la realidad es que la recaudación por este proceso apenas superó los 1200 mill€, frente a los 2500mill€ que presupuestaron inicialmente, y claudicaron al principio también en conocer el origen de los fondos y perseguir su rastro. Fue un cierto clamor popular y jurídico lo que obligó a mantener viva la investigación, aunque los resultados finales han sido muy pobres.
La excusa de la excepcionalidad del momento no se corresponde con la recaudación final, apenas 1200 mill€.
Por esta mísera cantidad, comparado con lo que tendrían que haber pagado estos de supuestos delincuentes, que ni siquiera han mostrado arrepentimiento público, el ejecutivo, y su ministro Montoro, han puesto en jaque la Constitución y se enfrentan a un escarnio público que aleja cada vez más a los contribuyentes de las elites que hacen y deshacen como quieren, forzando incluso a incumplir la Carta Magna, aquella que todos juran al tomar posesión de su cargo. En este caso, no es un problema de interpretación de la norma, sino que se era consciente de la filosofía que había en el fondo, favorecer y no dañar excesivamente a defraudadores de alta alcurnia, pero también en la forma, mediante un RDL para evitar así el debate político en el Parlamento, forzando una norma que debía causar que los Abogados del Estado presentes en ese momento, y los que informaron previamente, fuesen desposeídos de sus títulos.
El ridículo con la forma jurídica elegida debería provocar la dimisión y desposeimiento de algún título de Abogado del Estado
Pero la sentencia va más allá y consagra un dolo estructural por parte del Ejecutivo, y es el de abdicar en el sostenimiento del gasto público por parte de un grupo de ciudadanos, por llamarles algo, a la hora de cumplir sus obligaciones fiscales. Es decir, el Gobierno lanza un mensaje a la ciudadanía que consiste en decirles que pueden delinquir que, llegado un momento, les amnistiarán, siempre que pertenezcan a un grupo social determinado. Casualmente, muchos de los delincuentes que se han beneficiado de la norma son personas ligadas al PP, o que lo han estado, lo que siembra todavía más, la sospecha que la excusa del déficit público y el riesgo de rescate, solo es creíble como argumentario para los portavoces que se tienen que comer un sapo día tras día.
La sentencia también destila un reproche hacia la defensa de este colectivo de delincuentes por parte del ejecutivo, muchos de ellos próximos al PP.
El mayor problema es que tras la sentencia, despachada por los voceros como algo meramente formal, el PP y el ejecutivo seguirán arropando al ministro y al presidente del Gobierno que avaló con su firma esta chapuza jurídica y este fraude tolerado desde el Estado. A diferencia del mundo anglosajón, donde ya habría dejado el cargo, no solo el ministro, sino también el máximo responsable, las elites tienen amaestradas a todas las instancias del poder y no se avergüenzan cada vez que sale su nombre tras haber engañado a los compatriotas y encima jactarse de ello sistemáticamente.
Como era de esperar, nadie dimitirá y todo quedará en nada, dada la correlación de fuerzas en el Parlamento
En resumen, con esta sentencia, que incluso firma el popular Ollero, se blanquea el delito de fondo, defraudar a Hacienda, pagar una mínima cantidad y olvidarnos del origen, pero también el de forma, utilizando formas jurídicas no sujetas a derecho para evitar el debate político. Lo bueno para los delincuentes es que el alto Tribunal valida lo ya realizado y los 31.000 españoles que han defraudado podrán dormir tranquilos y reírse de todos los pequeños contribuyentes a los que, si se les olvida declarar una conferencia, les caerá todo el peso de la ley. Esta sentencia viene a explicar por qué tiene cada día más validez el discurso de los de arriba y los de abajo. Otro matiz importante que se abre en estos momentos es el discurso legalista y constitucionalista en Cataluña. La dureza y el alcance de esta sentencia es que este gobierno cumple la Constitución cuando quiere, y lo hace con todos los instrumentos disponibles: una pléyade de abogados del Estado al servicio del fraude fiscal.

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